Senado: Pasa reforma en telecomunicaciones con 18 cambios

viernes, 19 de abril de 2013
MÉXICO, D.F., 19 de abril (apro).- Con la incorporación de 18 cambios de forma y de fondo a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, el Senado aprobó esta madrugada en lo general por 118 votos a favor y sólo 3 en contra la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en una sesión maratónica que incluyó la dictaminación de los integrantes de las cuatro comisiones y la discusión en el pleno. Los senadores dictaminaron la ampliación y precisión de varios derechos, como el de las audiencias, el de información y el de acceso a internet libre, al tiempo que también incorporaron una de las demandas fundamentales de la cúpula empresarial para que, en el caso de la partición de empresas o la ampliación de multas, éstas se ejecuten hasta que termine el juicio de amparo. Entre otros cambios importantes, se incluyeron contrapesos a los órganos reguladores, como la creación de dos contralorías cuyos titulares serán electos por la Cámara de Diputados; se limitó a 30 días naturales la “opinión no vinculante” de los titulares de la SCT y de la Secretaría de Hacienda en las decisiones que adopte la IFETEL en materia de concesiones y para fijar contraprestaciones en las licitaciones. Asimismo, se disminuyeron ciertos requisitos para ser integrante de IFETEL y de la Comisión Federal de Competencia. En lugar de cinco años de no haberse desempeñado como secretario de Estado, procurador, legislador o gobernador, se redujo a un año. El Senado también podrá remover a los comisionados de IFETEL por causas graves; nombrará a los comisionados presidentes por 4 años, renovables por una ocasión, a diferencia de los 9 años que estableció la Cámara de Diputados; y también se especificó que la sesiones y resoluciones de este organismo serán públicas, sujetas a las excepciones que se establezcan en las leyes secundarias. La presión de los empresarios En respuesta a una de las demandas del Consejo Coordinador Empresarial, los senadores modificaron el artículo 28 constitucional para que, en los casos en que la Comisión Federal de Competencia imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones de los grupos económicos, las resoluciones se ejecuten hasta que se resuelva el juicio de amparo. De esta manera, el artículo 28, fracción VII, quedó redactado de la siguiente manera: “Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida”. Otra de las demandas de los sectores empresariales fue incorporada a la reforma constitucional: se eliminó el deber de los órganos reguladores de hacer del conocimiento del Ministerio Público cuando adviertan la probable existencia de un delito en materia de monopolios. Ampliación de derechos Entre los cambios más importantes incorporados por el Senado se encuentran el reconocimiento al derecho a las audiencias y a los usuarios de internet, en el artículo 6 constitucional, así como la incorporación de los términos “medios comunitarios e indígenas”. En el tema de internet se estableció el “acceso libre”, lo cual garantizará a nivel constitucional que ninguna ley, bajo el pretexto de los derechos de autor (como fue en el caso de la ley ACTA o de la iniciativa SOPA) restrinja la libre circulación de contenidos y de acceso en la red. Los derechos de los comunicadores no se aceptaron en la minuta, a pesar de que fue una propuesta insistente de los senadores Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y de Luis Sánchez, vicepresidente de la Mesa Directiva. “Esta reforma constitucional no era completa porque faltaba la sociedad. Es un gran logro reconocer el derecho de las audiencias. Sin embargo, también debo señalar la mezquindad que se dio para no permitir que a la par del derecho de audiencias, reconociéramos el derecho de las y los comunicadores”, afirmó Luis Sánchez, del PRD, durante su intervención en la tribuna. Por su parte, el senador Armando Ríos Pitter, impulsor de la iniciativa ciudadana Internet Libre Para Todos, advirtió que en este tema “el reto no solamente es darle seguimiento sino que se cumpla la letra”. Esta iniciativa fue impulsada por 125 mil ciudadanos, incluido el sindicato de telefonistas, que llevaron al Senado la propuesta. Alejandro Encinas, del PRD, advirtió que uno de los cambios fundamentales fue volver a incorporar en la iniciativa la frase “el derecho a la información será garantizado por el Estado” que había desaparecido de la iniciativa original. La senadora Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, también destacó el derecho de las audiencias porque “consideramos que debe ser esta la oportunidad para dejarlos establecidos, al igual que los derechos de los usuarios de Internet”. Sobre las concesiones sociales comunitarias e indígenas, Barrales especificó que éstas no tendrán fines de lucro, en clara respuesta a los reproches que durante las consultas hicieron los integrantes de los medios concesionados. Posicionamientos Durante el debate en el pleno a favor del dictamen, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, el priista Raúl Cervantes Andrade, señaló que la reforma crea un “sistema transversal en materia de comunicaciones y competencia”, con el objetivo de generar mayor crecimiento económico. Por su parte, el panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, consideró que los cambios no modifican la “esencia y el sentido” originales del dictamen. A su vez, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz González, afirmó que uno de los avances más importantes fue incorporar la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. A nombre de la bancada del PRI, David Penchina aseguró que la reforma fortalece la rectoría del Estado y alabó “la prudencia y responsabilidad” del Senado al realizar las consultas entre especialistas y actores involucrados en el sector. A nombre del PAN, Héctor Larios dijo que “la verdadera reforma” tendrá que darse en las leyes secundarias y “ese es el enorme reto que tiene el Congreso de aquí en adelante, con muchas más dificultades seguramente y con mucho más finura en el trabajo que tenemos que hacer”. Por el PRD, Alejandro Encinas reconoció que los cambios constituyen avances para “romper con el debilitamiento” de la rectoría de Estado, pero advirtió que la competencia económica no garantiza, por sí misma, la democratización de los medios y del sector. “Suponer que dos nuevas cadenas nacionales de televisión y una pública quebrarán la estructura monopólica de la radiodifusión resulta iluso”, afirmó Encinas. El senador del PT, Manuel Bartlett, al igual que la senadora Layda Sansores, del Movimiento Ciudadano, anunciaron su voto en contra. Bartlett consideró que esta reforma “fue dictada línea por línea” por la OCDE “que no es más que la representación de los intereses hegemónicos del país”. Sansores afirmó que la reforma no cumplió con el objetivo de “acotar a los monopolios”. Javier Corral, senador del PAN y especializado en impulsar este tipo de reformas durante más de una década, expresó que el mayor reto será la legislación secundaria, pues de ella dependerá que se concreten temas de larga lucha como el derecho a la información, la democratización de los medios, que el Estado retome la rectoría en telecomunicaciones y otros puntos nodales.

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