MÉXICO, D.F. (apro).- Human Rights Watch (HRW) demandó al Congreso mexicano eliminar por completo de la Constitución la figura del arraigo que, a su juicio, sólo ofrece a los agentes del Ministerio Público “un incentivo perverso” para privar a personas de su libertad sin una investigación previa exhaustiva. José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo internacional, consideró que los legisladores deberían rechazar el proyecto de reforma constitucional sobre el arraigo que propone reducirlo de 80 a 40 días porque, de cualquier forma no se adecuaría a las normas internacionales de derechos humanos. En vez de ello, sostuvo, el Congreso debería directamente eliminar esta práctica. “El arraigo contraviene algunos de los principios más fundamentales de la Constitución de México, como las garantías frente a detenciones arbitrarias, ofrece a los agentes del Ministerio Público un incentivo perverso para privar a personas de su libertad sin antes haber efectuado una investigación exhaustiva, y vulnera garantías básicas contra la tortura”, sostuvo Vivanco. La única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales, y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva, es –insistió—“eliminar el arraigo completamente de la Constitución”. De acuerdo con la legislación vigente, los agentes del Ministerio Público tienen un plazo de cuatro días para presentar a personas presuntamente relacionadas con la delincuencia organizada ante un juez. Sin embargo, a través del arraigo pueden solicitar autorización judicial para extender la detención durante un período adicional de hasta 80 días antes de consignar a estas personas, mientras continúan con la investigación. El proyecto que se debate en la Cámara de Diputados plantea reducir ese plazo a 40 días y ampliar de cuatro a siete días el plazo máximo durante el que los funcionarios judiciales pueden mantener detenidas a personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada antes de presentarlas ante un juez. Recientemente, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, envió una propuesta a la Asamblea Legislativa para eliminar la figura del arraigo y sustituirla por la de “detención con control judicial” que permitiría a los jueces disponer la detención de presuntos delincuentes hasta por 10 días sin consignación y bajo supervisión de jueces en vez de agentes del Ministerio Público. Según Vivanco ninguna de las dos propuestas se adecúa a lo establecido en las normas internacionales de derechos humanos. “Cualquier ampliación del período durante el cual una persona puede quedar detenida antes de ser llevada ante un juez para ser imputada – ya sean días o semanas, y con independencia de si se llama arraigo o se la da otro nombre – constituirá una vulneración irrazonable de derechos fundamentales, y fomentará un entorno propicio para que se cometan incluso nuevos abusos”, subrayó. Human Rights Watch, refirió Vivanco, ha documentado casos de víctimas que han sufrido “graves abusos”, como torturas y violaciones sexuales, durante la prisión preventiva durante el arraigo o antes de este período. Por ejemplo, mencionó el caso de Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez, de Baja California, quienes fueron detenidos arbitrariamente en junio de 2009 y trasladados a una base del ejército. Ahí, relató, militares les aplicaron descargas eléctricas en sus genitales, los sometieron a tácticas de asfixia, extrajeron las uñas de sus pies y los golpearon frente a sus compañeros hasta que accedieron a firmar confesiones falsas. Dichas confesiones, abundó, fueron usadas después para conseguir que la justicia dispusiera su arraigo antes de que fueran consignados. Durante el arraigo, permanecieron en una base militar, donde sufrieron más abusos. Vivanco sostuvo que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han formulado “serias objeciones” a la detención de una persona por un período mayor a cuatro días. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo, coincide con ambas instancias sobre la importancia de la inmediatez con que se debe ejercer el control judicial de una detención. Vivanco mencionó algunas instancias internacionales que han instado a México a abolir el arraigo: El Comité de la ONU contra la Tortura, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, entre otras.