MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila (PGJE) reabrirá el caso relacionado con la muerte de la exdelegada federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Alejandrina Martínez Macías, luego de obtener nuevos indicios que apuntan a la probable participación de funcionarios públicos en el crimen registrado en abril de 2010 en la capital de Saltillo. De acuerdo con información difundida por el diario Zócalo de Saltillo, poco antes de morir la exservidora pública habría revelado que fue amenazada de muerte por un compadre del entonces presidente Felipe Calderón. Martínez Macías mantenía al momento de su muerte un litigio jurídico ante las autoridades federales, en la búsqueda de recuperar su cargo público al frente de la SCT en Coahuila, mismo del que ya le habían dado posesión al panista Jesús de León Tello. Según el diario, en abril del 2010 la funcionaria fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en Privada Los Lirios 705, en el fraccionamiento Villa Tulipanes, de esta ciudad. Un antiguo empleado de la exfuncionaria federal encontró el cuerpo ensangrentado de la mujer en la planta baja del domicilio, tras brincarse por el patio de la residencia y luego de varias horas de tratar de ubicarla sin éxito. De acuerdo con los peritajes realizados en aquel entonces, Alejandrina presentaba 13 heridas de arma punzocortante en su cuerpo, nueve en el tórax y cuatro en el cuello, por lo que la causa de la muerte fue establecida como shock hipovolémico. Los homicidas, según las averiguaciones, entraron a la residencia sin que las cámaras de vigilancia de circuito cerrado los grabaran, llegaron a la sala y ahí sometieron y asesinaron a Martínez Macías, quien por los indicios encontrados se deduce peleó hasta el último momento por su vida. En una de las recámaras de la planta alta, los investigadores encontraron 7 millones de pesos en efectivo, que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y cuyo origen aún se desconoce. Trascendió que la reapertura del caso se derivó de la reciente aparición de indicios que apuntan a que funcionarios públicos están directamente ligados al cruel asesinato.