MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto prometió respetar la ley y evitar el uso faccioso de programas sociales, el Partido Acción Nacional (PAN) decidió no romper con el Pacto por México. El compromiso del gobierno se estableció en una reunión realizada el domingo anterior entre los presidentes de los partidos firmantes y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del que se informó sólo mediante un comunicado emitido poco después de la una de la madrugada de este lunes. Y la decisión del PAN para mantenerse en el Pacto por México se formalizó tras una reunión de la Comisión Política que preside Santiago Creel, en la que participó como invitada la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, y cuyos acuerdos convalidó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que preside Gustavo Madero. En un receso de la sesión del CEN, Madero informó que el PAN seguirá en el Pacto por México, siempre y cuando el gobierno de Peña cumpla con la ley, la transparencia y la democracia. “Hemos cumplido con honor todos nuestros compromisos, por ello tenemos derecho a exigir que el gobierno actúe de la misma manera”, expuso Madero, quien fue avalado para seguir en ese acuerdo, pese a las críticas de la facción identificada con Felipe Calderón, quien apenas el viernes pasado dijo que Peña tiene “el apoyo real y leal de los partidos de oposición, incluso del PAN”. Madero informó de los acuerdos de la Comisión Política, un órgano de deliberación sin facultades estatutarias en el que participan personajes relevantes para los panistas, en que se pusieron tres condiciones para que el PAN se mantenga en el Pacto por México. La primera es que el gobierno de Peña otorgue garantías de que no habrá injerencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno en los procesos electorales de julio en 14 estados de la República, tal como anunció la Secretaría de Gobernación en un comunicado de la madrugada. En segundo lugar que la Procuraduría General de la República (PGR) actúe contra los 59 funcionarios denunciados por integrar una “estructura paralela” al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz para usar los programa sociales en beneficio de éste y que está encabezada por el gobernador Javier Duarte. Y la tercera condición del PAN para seguir en el Pacto por México es dar trámite a la demanda de juicio político contra el gobernador Duarte y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a quien Peña le pidió no preocuparse y “aguantar” las críticas. Desde la semana pasada era sabido que el PAN definiría este lunes su posición, aun cuando desde el martes 23 se reunió Madero con Osorio, así como el resto de los participantes, para acordar que el gobierno “blindaría” los programas sociales, y otra reunión se realizó ayer domingo. De la reunión del martes sólo informó el gobierno y los partidos mediante un comunicado el miércoles 24, cuando supuestamente se celebró la reunión, según un mensaje de Twitter de Osorio, y la misma opacidad se observó en la reunión entre los mismos participantes este fin de semana: Sólo un boletín emitido a la 1:06 de la madrugada. En este comunicado se informó que Osorio, Madero y los presidentes del PRI, César Camacho, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, se reunieron “para acordar las condiciones que den a todos los ciudadanos las garantías indispensables de que las elecciones de este año se realizarán en condiciones de limpieza e imparcialidad, y de que los programas de combate a la pobreza no serán utilizados de manera facciosa o ilegal”. Los firmantes del Pacto por México, agregó, trabajan en la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral mexicano y elevar la calidad de la democracia, y perfilaron un acuerdo. Los puntos más relevantes son, primero, blindar los procesos electorales de este año, para evitar que se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto; repudiar cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquiera de los órdenes de gobierno, sin importar su origen partidario, y harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos. También acordaron mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones, altas y bajas con criterios técnicos sociales y no electorales, y definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales. “Acordaron también que el Ejecutivo revisará los nombramientos realizados para asegurar su idoneidad en función de ese perfil profesional técnico”, se subraya en el comunicado. Entre otras acciones se suspenderá la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones y se adelantará la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de los comicios. Además, “establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos en las elecciones y del manejo electoral de acciones de gobierno y programas sociales”. Otros puntos: “Proponer a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones. Promover con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.” El comunicado añade: “La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes”. Y además, “convocar y promover la participación de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales del 7 de julio”. En el comunicado se informó también de acuerdos para que el Pacto por México “pueda entrar en una nueva etapa”; asimismo, se tomarán medidas como impulsar las iniciativas de ley orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales del gobierno federal. También: “Los signatarios del Pacto se comprometen a hacer valer los tres últimos párrafos del artículo 134 de la Constitución y, en particular, a abstenerse de hacer en los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno”.