Pide la CIDH a Peña indagar amenazas contra defensor de migrantes

lunes, 29 de abril de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantías para el defensor de migrantes de Tenosique, Tabasco, Tomás González y su equipo, y que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre el origen de las amenazas en su contra. A través del otorgamiento de medidas cautelares, la CIDH comunicó el pasado 19 de abril al gobierno de Peña que está obligado a atender a fray Tomás González, Rubén Figueroa y demás colaboradores del albergue para migrantes La 72, así como a los usuarios del refugio, destacaron defensores de derechos humanos que a nombre de los agraviados solicitaron la intervención del sistema interamericano. Stephanie Brawer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que la CIDH dio indicaciones al Estado mexicano para que “se accionen los mecanismos necesarios para proteger la integridad de la vida de los beneficiarios, así como que se tomen las medidas para garantizar que los defensores puedan desarrollar su labor, es decir, el Estado no puede proponer que para que estén seguros tengan que dejar Tenosique, que los migrantes puedan estar en ese lugar sin correr riesgos, además de que se investiguen los hechos que dieron lugar a esta situación de riesgo, que se desahoguen las varias denuncias en contra de personas responsables”. La defensora apuntó que si bien el religioso responsable del albergue La 72 está integrado al mecanismo de protección de defensores de la Secretaría de Gobernación desde enero pasado, “la CIDH consideró que él, su personal y los migrantes están en un riesgo muy alto”. Leticia Gutiérrez, representante de la Misión para Migrantes y Refugiados, destacó que a las amenazas por parte del crimen organizado que han recibido fray Tomás, su personal y los migrantes, se suman cuatro denuncias en su contra. El Instituto Nacional de Migración (INM) acusó al religioso de obstrucción a la autoridad, “por grabar un operativo violento contra migrantes”, así como de tráfico de personas, “una por la atención a los migrantes en el albergue y otra por atender a refugiados de Guatemala que se asentaron en una comunidad de nombre Nueva Esperanza, cuando ya está establecido que no se puede considerar un delito ayudar a migrantes indocumentados”, detalló Gutiérrez. La religiosa agregó que contra fray Tomás también se inició una averiguación previa por difamación formulada por personas identificadas como integrantes del crimen organizado que se dedican a extorsionar a migrantes para viajar en el tren conocido como La Bestia. Sobre la última denuncia, destacó que se derivó de que el 17 de marzo dos migrantes llegaron al albergue y comentaron a fray Tomás que “los delincuentes que les han cobrado piso están en las vías del tren,  hacemos un movimiento a nivel federal y se detienen tres personas, y a los 20 días dejan libres sin avisar a fray Tomas ni a La 72, y lo contrademandan”. Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, identificó a los responsables de extorsionar a los migrantes a miembros de la Mara Salvatrucha, quienes son colaboradores del crimen organizado en México, en especial del cártel de Los Zetas. Explicó que en el caso de fray Tomás, las personas acusadas de extorsionar a los migrantes y después liberadas “aparecen ante los medios para denunciar a fray Tomás por difamación y presentan la querella ante la PGJ, y piden al INM que les dé visa humanitaria para dar seguimiento al caso, lo que a todas luces es un movimiento orquestado”. Se quejó de que al no llevar hasta las últimas consecuencias las denuncias ni las medidas de protección, las organizaciones sociales asumieron la seguridad de los migrantes que denunciaron a los maras extorsionadores, “los quería mandar a un centro de detención migratoria, siendo testigos protegidos, el mensaje es aterrador, dicen que nos cuidan y por otro lado la realidad es que estamos corriendo de los peligros de la falta de voluntad de proteger a los migrantes”. Delia Sánchez, de Propuesta Cívica, apuntó que  “mientras las denuncias contra los extorsionadores y miembros del crimen organizado no avanzan, las averiguaciones contra fray Tomás sí, por ejemplo, la PGJ envió una notificación fechada el 10 de abril, pero llegó siete días después, en el que le informaban que tenía que ir a declarar ese 17 y que si no se presentaba a tomar medidas de apercibimiento, como puede ser la detención”. Marta Sánchez explicó que Los Maras se “infiltran en los albergues para detectar a los migrantes que tienen familiares en Estados Unidos y luego los etiquetan para secuestrarlos”. Para la defensora, el cambio de gobierno a nivel federal no ha significado un cambio para los migrantes, quienes día a día “viven una tragedia humanitaria, los que no tienen dinero para pagar su permanencia en el lomo de La Bestia, los están tirando del tren en marcha, los delincuentes trabajan arriba de La Bestia ya no con machetes sino que están armados”. Sánchez aseguró que además del número creciente de migrantes asesinados, hay casos desconocidos de personas que mueren tras ser arrojadas del tren y luego consumidas por animales carroñeros. En espera de que en próximos días se cumpla el plazo para que el gobierno de Peña Nieto dé respuesta a la CIDH, Marta Sánchez resaltó que lo que las organizaciones que solicitaron la intervención del organismo internacional quieren es que “el gobierno reaccione, lo que tienen que hacer es fácil hay una vía del tren por la que transitan de ida y vuelta criminales que todos sabemos quiénes son, no son operativos que les toma dinero ni personal, sólo voluntad para dejar de usar doble discurso”.  

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