MÉXICO, D.F. (apro).- En la oficina contigua a la de Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, despacha Suhayla Bazbaz, cuyo apellido evoca al exprocurador del Estado de México y actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Alberto Bazbaz. --¿Es su pariente? --Es hermano de mi papá, pero no lo conozco. Suhayla Bazbaz Kuri es fundadora y directora general de Educación Comunitaria e Innovación Social, una organización social que tiene varios años elaborando estudios sobre los factores de violencia y que ahora asesora a Campa en la construcción del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el compromiso número uno de Enrique Peña Nieto. Licenciada en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, Bazbaz Kuri elabora la metodología para seleccionar los municipios donde se aplicará el programa, a partir de una base de datos creada por su organización y la Fundación Este país, cuyo presidente del Consejo Directivo es Federico Reyes Heroles. Su trabajo fue no solamente para definir las 57 demarcaciones con los más altos niveles de índices delictivos --48 municipios y las delegaciones capitalinas Iztapalapa y Gustavo A. Madero--, sino los otros 43 municipios que están en una lógica preventiva por los factores de riesgo que observan. “(Esos 43 municipios) no son los focos rojos actuales, pero pueden convertirse. Debemos hacer lo que no se hizo hace 15 años en México, que es la razón por la cual estamos como estamos”, subraya Bazbaz, quien celebra que el gobierno de Peña haya optado por una estrategia preventiva y no sólo reactiva. “El primer acierto es el cambio en la narrativa. Para quienes llevamos muchos años defendiendo una perspectiva integral y preventiva nos sorprende lo que dijo el presidente en Aguascalientes. No me parece menor que él hable de un cambio de paradigma y ratifique lo que dijo en la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que no basta con policías y militares, sino que se necesita una perspectiva regional y preventiva”. Oradora ella misma en la ceremonia de Aguascalientes, donde el martes 12 se instaló la Comisión Intersecretarial de Prevención Social de la Violencia y el Delito y se dieron a conocer los “lineamientos” del programa nacional de prevención, Bazbaz advierte también que hay varios retos, y el central es que no sea el gobierno el que defina las prioridades, sino las comunidades. “Necesitamos la participación de la ciudadanía no sólo en la evaluación de las instituciones de seguridad pública o en la evaluación de los programas, sino desde el diseño, y este es un reto central, que no sea una política de arriba hacia abajo, del gobierno federal hacia los municipios, sino de las comunidades hacia los gobiernos, tanto federal estatal y municipal. “Ese es uno de los retos y los otros supongo que los irán detectando y resolviendo conforme se trabaje el programa nacional, porque lo que se publicaron fueron las bases del programa. Y la idea es que yo y cualquier otro ciudadano se meta a ver las bases y ponga su insumo”. --¿Qué se dejó de hacer en la administración de Calderón? --Desde mi experiencia y desde el ámbito que sí conozco, en términos de cohesión comunitaria, en algún momento se comenzó a hablar de tejido social, un término que es muy difuso, y lo difuso en políticas públicas no tiene resultado. A través de solicitudes de acceso a la información, la organización que dirige preguntó a 20 dependencias que habían hecho declaraciones sobre la existencia de programas para reconstruir el tejido social, qué entienden por tejido social, cómo es que su programa lo recompone, cuáles son los objetivos de este programa, y cómo se mide el avance y cuál ha sido el mismo. “Tenemos alrededor de mil páginas de blablablá sin claridad al respecto. Esa es de las cosas que no se hicieron. No había realmente una óptica preventiva, se metieron elementos como recuperación de espacios públicos, Escuelas Segura y Centros Nueva Vida, que era como el triángulo más allá de policías y militares, pero en una lógica bastante limitada, más de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba, más lo que las reglas de operación permitían --y yo soy una de las que defienden la institucionalidad de los programas--, y menos sobre las necesidades de las comunidades”. Pero, con el cambio de gobierno, hay un cambio de paradigma, que implica que no nada más los gobiernos, sino la sociedad, se comprometan a participar en políticas públicas con énfasis en la prevención. “Yo creo que cada quien juega un rol en construir –como lo dije en Aguascalientes– en el presente el México que queremos. Si nos quedamos con los brazos cruzados esperando que el gobierno lo haga bien, el de enfrente o el vecino lo haga bien, no vamos a tener muchos resultados como sociedad”. Insiste: “Necesitamos tener un esfuerzo, sociedad y gobierno, desde una lógica preventiva, y ahí también va a ser fundamental el rol de la ciudadanía. Si como ciudadanos exigimos sólo policías y militares, vamos a tener sólo policías y militares. Si como opinión pública entendemos que se necesita recuperar el territorio no sólo con policías y militares, sino con la política social, la política económica, la política laboral y educativa, estamos creando también los incentivos a la clase política para que tome las decisiones correctas, no sólo para el presente sino para el futuro”. --¿Colaborar aun con el riesgo de avalar un programa que eventualmente no sea exitoso? --No creo que sea un aval. Tuvimos una invitación a participar en algo en específico, vamos a hacer la subsecretaría, ampliar la capacidad institucional que está en la línea con nuestra estrategia. “Y creo que el tema no es si se avala o no, para mí el tema es cómo cada uno hace lo que sí puede hacer para que el país esté mejor en el presente y en el futuro. Si yo lo que puedo hacer es donar una base de datos que desarrollamos dos organizaciones de la sociedad civil y contribuir a que las decisiones se tomen con base en evidencia, lo voy a hacer, y cada organización y cada actor tiene la posibilidad de elegir de qué forma participar. “Poner este tipo de bienes públicos no es un aval, es una forma de tener incidencia en la política pública y lo que sí puedo decir es que voy a hacer lo que sí puedo hacer, a diferencia de lo que dijo en algún momento el presidente Fox: ¿Y yo por qué? Y la pregunta es: ¿Yo qué puedo hacer?”. Educación Comunitaria e Innovación Social y la fundación Este país, dice, decidieron no solamente hacer de su base de datos un bien público, sino asesorar al Centro Nacional de Prevención, capacitar a los titulares de los centros estatales de prevención del delito desde una perspectiva de cohesión comunitaria. “Hay que ser críticos, hay que ser analíticos, hay que poner los puntos sobre las íes y marcar hacia dónde tiene que ir la dirección, pero también comprometernos con lo que sí podemos hacer...”