Presentan ONG propuestas contra el cambio climático

jueves, 4 de abril de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles propondrán al presidente Enrique Peña Nieto combatir la evasión fiscal –incluido el pago del Impuestos sobre la Renta (ISR)— y cobrar las regalías por la actividad minera lo que permitirá disminuir la dependencia del sector público hacia la industria petrolera e incentivar inversiones en energías sostenibles. Esta medida la propondrá el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático al gobierno de Enrique Peña Nieto para que la incorpore al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, anunciaron representantes de dicho grupo en un evento que se llevó a cabo este jueves 4. Beatriz Olivera, coordinadora de Cambio Climático y Energía de la organización Greenpeace, pidió al gobierno mexicano abandonar los proyectos de explotación del “shale gas” (gas de difícil extracción por estar en subsuelo rocoso) y la exploración de petróleo en aguas profundas en el Golfo de México. También exigió una mayor eficiencia energética en los edificios administrativos, ya que, según sus datos, en 2009 sólo 2.4% de ellos contaban con sistemas de ahorro energético. El grupo, integrado por 15 organizaciones, propuso alinear el PND del actual sexenio a la Ley General de Cambio Climático, pues consideró que este tema es de “seguridad nacional”. Para cumplir con dicha ley, México tendría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 30% para el año 2020; y 50% para 2050, en relación con las emitidas en el 2000. Las organizaciones tratarán de incluir medidas en el PND en materia forestal, de derechos humanos, de igualdad de género, de movilidad, y de desarrollo urbano y energía. Al menos “75% de los fondos federales para el desarrollo urbano se destinan a infraestructura que promueve el uso de automóviles privados”, lamentó Xtabai Padilla, coordinadora de Cambio Climático del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Recordó que 77% de los mexicanos vive en un entorno urbano. Como las ciudades son dispersas, construidas hacia la periferia, los trayectos diarios del exterior hacia el centro contribuyen en gran parte al gasto de energía en transporte, lo que representan 50% del uso total de energía en el país. El conjunto de asociaciones propondrá al gobierno medidas integrales de desarrollo urbano, como sistemas integrados y mejorados de transporte con combustibles “eficientes”, combinados con una política nacional de vivienda para evitar la expansión de las ciudades y mejorar sus redes de comunicación. El objetivo: evitar la congestión de las vías y desviar el uso del automóvil hacia otras formas de transporte. Para tal efecto, exigieron crear más espacios para peatones y bicicletas. En tanto, Paulina Deschamps, investigadora del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, reveló que 13.5 millones de mexicanos dependen de los bosques. Dijo que “aprovechar los bosques” representa una oportunidad de desarrollo social para las comunidades que gestionan el 80% de las zonas forestales del país. Sin embargo, consideró que el sector maderista del país enfrenta una competencia internacional y que está demasiado regulado, lo que empuja a la gente a salir de la vía legal para cortar árboles. Propuso seguir un programa de reforestación bajo el concepto de “inversión semilla” que tome en cuenta una guía económica y social, así como poner en marcha un sistema eficaz para combatir los incendios forestales y mejorar el seguimiento de la madera para favorecer su compra legal. Las asociaciones deploraron la falta de datos efectivos para realizar diagnósticos y para lanzar políticas públicas determinadas por criterios objetivos cuyos logros se podrían medir y evaluar en el futuro. También pidieron una mayor homologación de las políticas de desarrollo urbano, energético y de transporte con las de cambio climático. “El PND debe ser una guía efectiva de las políticas públicas”, precisó el Grupo de Financiamiento en un comunicado de prensa. “Se debe contemplar la aplicación de sanciones por su incumplimiento”, agregó. Para ser efectivo, “es indispensable que en su conformación participe activamente la ciudadanía”, subrayó. Gabriela Niño, coordinadora de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exigió más transparencia con respeto al medio ambiente a través de un mejor acceso a la información y que los gobernantes rindan cuentas sobre sus acciones. Entre las organizaciones de la sociedad civil que integran el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático se encuentran el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comunicación y Educación Ambiental, el Centro de Transporte Sustentable, la Fundación Heinrich Böll, Fundar, Greepeance, el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) y Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia y Transparencia Mexicana.

Comentarios