MONTERREY, N.L. (apro).- El alcalde del municipio de Benito Juárez, Rodolfo Ambriz, indemnizará a los familiares y ofrecerá una disculpa pública por la desaparición, en 2011, de cuatro jóvenes que fueron detenidos por policías municipales, quienes luego los entregaron a Los Zetas. Estas acciones se desprenden de la recomendación 52/2013 emitida el 29 de abril por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionada con la desaparición de los muchachos. Al alcalde panista se le ordena también reparar en lo posible el daño provocado por los agentes. La CEDH anunció que, el 3 de mayo pasado, el edil aceptó cumplir la recomendación en su totalidad. Luz María Durán informó, en entrevista, que su hijo Israel Arenas Durán, de 17 años, fue secuestrado el 17 de junio del 2011, cuando salió de una cantina en ese municipio. Al parecer, el joven no completó el dinero para pagar la cuenta. El hermano menor, que llevaba dinero para saldar el adeudo, observó cómo la camioneta en la que se desplazaba Israel fue perseguida por un agente de tránsito juarense, que lo detuvo, lo sometió y, esposado, lo obligó a subir a una camioneta particular. Fue la última vez que se vio a Israel, quien desapareció con tres amigos que lo acompañaban. Durán dijo que un agente de Tránsito se encuentra detenido y es procesado por la desaparición. Otro agente vial que participó en los hechos se encuentra prófugo. Consuelo Morales Elizondo, presidenta de la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), señaló que las investigaciones arrojaron que los secuestradores eran de la banda de Los Zetas. “Al aceptar que los policías de Juárez se llevaron a Israel junto con otros amiguitos y los entregaron a Los Zetas, está reconociendo que fue un gravísimo error y que es un delito y por eso uno de ellos ya está en la cárcel. Esto lo tiene que reconocer la máxima autoridad del municipio”, dijo la activista, quien durante la entrevista estuvo junto a Durán. El día en que ocurrió el crimen, el alcalde de Benito Juárez era el priista Luis García. Mediante una tarjeta informativa, la CEDH explicó que su investigación acreditó la desaparición forzada de estas cuatro personas, “la privación de la libertad, la intervención directa de los agentes (elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del municipio de Juárez, Nuevo León) la negativa de reconocer la detención y revelar la suerte o paradero de las personas”. Se concluye que a las víctimas les fueron violentados sus derechos a la integridad, a la seguridad personal y de sus familiares (tratos crueles e inhumanos); y a la seguridad jurídica en relación con la obligación de respetar y proteger los derechos humanos, por parte de funcionarios gubernamentales. En el resolutivo se le pide al presidente municipal de Benito Juárez que repare el daño a los familiares directos de personas desaparecidas y que otorgue una indemnización a los familiares directos dependientes económicos de los desaparecidos. El apoyo debe incluir becas para los menores de edad estudiantes y ayuda para obtener empleo para los mayores desempleados. Se le pide que ofrezca una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, en desagravio de las víctimas y para satisfacción de sus familiares. Se le pide también al alcalde que se instruya a la oficina municipal correspondiente que aplique una sanción administrativa a los responsables de los hechos; que colabore con la procuraduría del Estado para que aporte las pruebas disponibles para avanzar en la investigación y que proporcione atención médica y sicológica a los familiares directos. También se le pide que capacite a su personal en principios y normas de protección de los derechos humanos, “especialmente los relacionados con la detención de personas y sus derechos en el desarrollo de la privación de su libertad”.