CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Dirigentes y miembros de la Policía Comunitaria adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) liberaron esta tarde a 15 funcionarios estatales y municipales que mantenían retenidos desde hace tres días en el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica, para exigir respeto a esta organización armada creada desde 1995. Entre los liberados se encuentra el secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto, José Luis Bernabé Hernández, un comandante y cuatro policías ministeriales, quienes fueron privados de su libertad desde el miércoles 8 de mayo; también siete policías municipales, un comandante y el secretario de Seguridad Pública del municipio de San Luis Acatlán. A cambio, el secretario de Movimientos Sociales de la dirigencia estatal del PRD, Óscar Chávez Rendón, quien fue utilizado por el gobernador Ángel Aguirre como su representante para mediar en este conflicto, entregó las dos camionetas decomisadas por fuerzas federales el lunes 6 cuando fueron detenidos en Acapulco dos dirigentes de la CRAC y cuatro policías comunitarios. Debido a que el dirigente perredista en funciones de enlace del gobierno estatal no regresó las armas decomisadas a los guardias comunitarios, como era el acuerdo inicial, autoridades de la CRAC decidieron mantener el armamento que le quitaron a los policías ministeriales y municipales, informó uno de los cuatro coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Adelaida Hernández Nava. El intercambio de servidores públicos retenidos por las dos camionetas de la CRAC decomisadas, se concretó a las 17:40 horas de este sábado en la cabecera municipal de San Luis Acatlán después de una serie de negociaciones que encabezó el delegado de Gobernación federal, Juan Salgado Brito y en las que el gobierno de Aguirre decidió enviar en su representación a un miembro de la dirigencia estatal del PRD. Al respecto, el gobierno estatal informó mediante un comunicado que el viernes 17 de mayo se tiene contemplada una reunión en la Ciudad de México entre autoridades federales y dirigentes de la CRAC para discutir los temas de seguridad y justicia. Autoridades estatales y federales asumieron el compromiso de garantizar que el Ejército y la Marina no realicen detenciones de policías comunitarios “hasta que se sienten las bases para solucionar el conflicto”. Por su parte, dirigentes de la CRAC, quienes durante los últimos tres días presionaron al gobierno estatal y federal mediante la retención de policías ministeriales y municipales, exigieron el cumplimiento de un pliego petitorio de 10 puntos donde exigen respeto la ley estatal 701, que establece el reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos originarios en la entidad. También la cancelación de la averiguación previa integrada por la PGR en contra de los seis miembros de la CRAC detenidos en Acapulco acusados de portar arma de uso exclusivo del Ejército, quienes fueron liberados bajo reservas de ley.