MÉXICO, D.F. (apro).- México requiere de una reforma integral, a escala federal, que elimine las “asimetrías legales” en materia de derechos de los homosexuales, afirmó Leonardo Olivo, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM. Las modificaciones legales, además, deberían establecer normas para eliminar la discriminación y la violencia contra ese segmento poblacional. Las leyes locales que reconocen y garantizan el ejercicio de distintos derechos a los homosexuales, dijo, deben ser norma generalizada en todo el país. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, que se celebra este viernes, Olivo señaló que actualmente sólo en el Distrito Federal y Coahuila están legalizadas las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Y sólo en el Distrito Federal los crímenes de odio por homofobia están tipificados en su Código Penal. El artículo 138 configura el agravante de odio si un homicidio es cometido por la orientación sexual de la víctima. En tanto, lamentó, en 14 estados no existe una ley para combatir la discriminación contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexo (LGBTTI). En 2012, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que una de cada dos lesbianas, homosexuales o bisexuales consideraba que su problema principal es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y burlas. En 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con información recabada sólo en 17 estados, estimó en 648 el número de homicidios por estas causas, lo que colocó a México como uno de los países en los que más delitos de este tipo se perpetran. El integrante del CEIICH consideró un gran avance el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que decidió que, aunque las expresiones “maricones” y “puñal” no lesionen derechos fundamentales, exponen a las personas a la humillación y exclusión. Aseguró que deben ampliarse las atribuciones de los organismos públicos encargados de promover y luchar contra la discriminación, para que sus resolutivos y recomendaciones sean vinculantes, con efectos jurídicos y penales. De esa manera, sus recomendaciones tendrán repercusiones legales, como la ampliación del derecho a la seguridad social. “Urgen modificaciones en la materia para garantizar a las parejas homosexuales el acceso a sus beneficios, que reconozcan las nuevas configuraciones de las relaciones familiares”, apuntó el investigador. Para ello, abundó, se requiere de un acuerdo parlamentario federal y la voluntad de las fuerzas políticas para homogeneizar la legislación a favor de la comunidad LGBTTI en todo México. Se deben evaluar los logros e identificar pendientes en la agenda política, subrayó. Y los integrantes de la comunidad LGBTTI y las organizaciones a favor de las diversidades sexo-genéricas, sostuvo, deben insistir en un lema de los colectivos del movimiento de liberación homosexual: “Nadie será libre si no todos somos libres”, puntualizó.