MÉXICO, D.F. (apro).- La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de México preservar los derechos de los pueblos indígenas y adecuar la ley minera que contravenga las garantías de las comunidades originarias. El reporte de ONU, presentado en el marco del Foro Permanente para la Cuestiones Indígenas, advierte que, ante los abusos perpetrados contra comunidades por parte de empresas mineras, México debe revisar el marco legal en la materia con el fin de garantizar los derechos de sus pueblos indígenas. “La intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante”, se destaca en el informe. Los conflictos reflejan, alertó ONU, “una importante ausencia del Estado para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas” frente a los intereses de las empresas mineras. A menudo, deploró, las empresas extractivas nacionales y transnacionales fallan en sus obligaciones legales y en sus responsabilidades sociales. En el reporte se consigna, que es frecuente que los conflictos surjan debido a la falta de procesos de consulta con los pueblos indígenas y de obtención del consentimiento libre, previo e informado; y en otras ocasiones por problemas ambientales o laborales. La mayor parte de los conflictos, se puntualiza en el informe, se dan en la franja que ocupan las empresas “juniors” o “canadienses”, debido al modelo de explotación intensiva que llevan a cabo, y al uso de tecnologías que producen notorios pasivos ambientales. Por ello se recomienda aprobar una ley federal de consulta y consentimiento libre, previo e informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, sugirió armonizar la Constitución, en particular los artículos 2, 26, 27 y 115, y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. También pidió revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación, así como reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales, Agraria, General de Bienes Nacionales y Federal de Derechos para que sean acordes con los derechos indígenas. Por último, recordó que es la tarea del Estado frenar “la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los responsables de los crímenes cometidos contra sus líderes”.