Ataque a comandancia en Guerrero deja dos policías muertos

sábado, 25 de mayo de 2013
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Dos policías municipales muertos y dos más heridos fue el saldo de un ataque realizado por sujetos armados contra la comandancia que se encuentra en la sede del ayuntamiento de Teloloapan, ubicado en pleno centro de este poblado de la zona norte de la entidad que se encuentra colapsada por la narcoviolencia. De manera simultánea, otro grupo de pistoleros rafagueó el módulo de la Policía Municipal de la colonia Mexicapan que se encuentra en la salida de Teloloapan, la cual conecta con la región de Tierra Caliente, sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano. Ambos hechos registrados en la cabecera municipal ocurrieron entre las 15:30 y las 16:00 horas de este sábado informó el síndico de Teloloapan, Efrén Romero Sotelo y ocurren a tres días de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero visitó este lugar en un recorrido por la región de Tierra Cliente y la zona norte, donde minimizó la grave situación de violencia que prevalece en la entidad. Al respecto, el alcalde de este municipio, Ignacio Valladares Salgado, quien el 29 de septiembre pasado en un video difundido en YouTube se observa cómo es denigrado por pistoleros de La Familia y haciendo pactos en materia de seguridad pública con los criminales, calificó el doble atentando donde murieron dos de sus policías como "un ataque a las instituciones" y demandó al gobierno estatal y federal actuar con mayor determinación en contra de la delincuencia que tiene asfixiada a la sociedad y sometidas a autoridades locales. Este hecho no sólo exhibe la brutal guerra que libran dos grupos delictivos denominados La Familia y Guerreros Unidos por la disputa de esta zona estratégica para el narcotráfico, sino la criminal indolencia y omisión gubernamental frente a la sociedad que se encuentra aterrorizada por la impunidad. Los informes oficiales indican que un grupo de sujetos armados que se desplazaba a bordo de un auto color lanco disparó en contra de la comandancia de la Policía Municipal que se encuentra en la sede del ayuntamiento en pleno centro de la población. Durante el ataque, que no pudo ser repelido por los policías municipales, fueron asesinados dos uniformados identificados como Benigno Xochitempa Reyes y Daniel Brito Cantor; en tanto que dos más resultaron heridos y trasladados a un hospital de la zona. Las ráfagas también alcanzaron la fachada del ayuntamiento y en el extremo poniente del poblado otro grupo armado atacaba el módulo de la policía del a colonia Mexicapan, donde sólo se reportaron daños materiales. Los ataques armados provocaron que los pobladores cerrarán negocios y se refugiaran en sus casas dejando las calles desérticas y generando una percepción de pueblo fantasma, indicaron testigos. Este hecho de violencia en la zona norte de la entidad ocurre a unos días de que un grupo de 80 sujetos armados sitiaron la cabecera municipal de Apaxtla de Castrejón, municipio vecino de Teloloapan, donde permanecieron tres horas sembrando el terror, asesinaron a siete hombres y bloquearon los accesos del pueblo atravesando camionetas que incendiaron. Los municipios de Teloloapan y Apaxtla son administrados por alcaldes del PRD, Ignacio Valladares Salgado y Efraín Peña Damacio, respectivamente, quienes desde el año pasado han urgido a los gobiernos estatal y federal el envío de tropas militares para enfrentar a la delincuencia simplemente porque las autoridades locales no pueden. Mientras en Teloloapan la cantidad de policías municipales en activo se redujo de 15 a 11 con el atentado de este sábado. En Apaxtla sólo existen nueve uniformados informaron ambos ediles. El gobierno estatal difundió un boletín donde se limita a informar que la Procuraduría local investiga el hecho violento registrado por la tarde en Teloloapan y que se activó “el Código Rojo para localizar a los agresores”. También, el comunicado oficial reveló los nombres de los policías municipales lesionados a pesar de que existen protocolos de seguridad promovidos por las mismas autoridades para mantener bajo reserva el nombre de servidores públicos que se encuentra en una situación de riesgo por su actividad.

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