MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos humanos confirmaron que la política migratoria hacia indocumentados mexicanos es “intermitente, escasa y en algunos casos y lugares nula”, situación que deja a miles de personas en estado de indefensión y vulnerabilidad. Los activistas obtuvieron testimonios de primera mano respecto a la actuación del crimen organizado sobre la ruta migratoria que cruza por localidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz y los consignaron en el reporte de la Misión de Observación en la Ruta Migratoria, realizada entre el 24 y 27 de mayo. Por esos testimonios es que los integrantes de la Misión de Observación desmienten la versión del gobierno de Veracruz, de que el 1 de mayo ocurrió “una riña” entre migrantes que viajaban sobre el tren que corre hacia el norte del país, a la altura de la comunidad de Las Barrrancas. El documento detalla que la misión arrancó en Orizaba y recorrió las localidades de La Patrona, Acayucan, Cosoleacaque, Cotazacoalcos y Las Choapas, en el estado de Veracruz, y Chontalpa, Villahermosa y Tenosique, en Tabasco y Palenque, Chiapas, y que las conclusiones se dieron a conocer en una reunión el 28 de mayo en el albergue La 72 de Tenosique, ante los senadores de las comisiones de Asuntos de la Frontera Sur, Asuntos Migratorios, Derechos Humanos y Población, entre otras. Del recorrido, los activistas concluyeron que “queda demostrado el obvio y claro contraste entre la participación de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales para auxiliar y remediar las constantes violaciones a los migrantes”. La Misión pudo observar la operación de albergues, comedores, oficinas de asesoría y trámites para migrantes, dirigidas por organizaciones de la sociedad civil y las iglesias en localidades como Orizaba, Córdova, Amatlán, Acayucan, Cosoalacaque, Las Barrancas, Coatzacoalcos y Las Choapas. Los integrantes señalaron que “la participación del gobierno carece de organización asistencial coordinada para las personas migrantes. En sus distintas instancias la oferta de servicios es intermitente, escasa y en algunos casos y lugares, es nula”. Para los defensores, la inequidad en la protección de los migrantes “redunda en la escasez de apoyo a las personas y manifiesta la ausencia de políticas generales de protección y promoción de derechos humanos, y no se observa por ninguna parte la intención clara de proteger la dignidad, integridad ni la vida de las personas”. Durante el recorrido por Las Barrancas, los activistas escucharon testimonios de los habitantes de esa comunidad de 3 mil habitantes. Les dijeron que el 1 de mayo pasado, migrantes que viajaban “en el lomo de La Bestia (como se conoce al tren que los lleva de Centroamérica hasta prácticamente la frontera con EU)” fueron atacados a machetazos y balazos por miembros del crimen organizado que controlan la ruta migratoria y algunos indocumentados saltaron del tren huyendo de la agresión. Los habitantes contaron que hubo más de una docena de heridos, algunos con machete. Sin embargo, apunta el reporte, “la información en torno a los migrantes que perdieron la vida es contradictoria. Se habla de varios muertos pero el reporte oficial es negativo, no hubo muertos. Lo más sobresaliente de este incidente fue la declaración oficial de los hechos y el justificar la acción como un conflicto entre migrantes que definió como riña entre ellos”. El documento señala que durante el recorrido, en el que los defensores pudieron ver a entre mil y mil 500 personas trepadas en La Bestia, las historias que escucharon de abusos eran recurrentes: “Cobro de cuotas de paso, 400 dólares por cuatro estaciones, a uno de los migrantes lo arrojaron de arriba del tren, necesita primeros auxilios y trae posiblemente un brazo quebrado. Otros mostraban estragos de amputaciones”. El reporte es firmado por Tomás González Castillo, del Hogar-Refugio para Migrantes La 72; Rubén Figueroa, Marta Sánchez Soler y José Jacques y Medina del Movimiento Migrante Mesoamericano, y Elvira Arellano, de Familia Latina Unida y M3.