CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre se reunió hoy con cinco alcaldes perredistas de la zona norte, quienes han venido solicitando ayuda ante los embates de la delincuencia organizada, y sólo a cuatro de ellos entregó un millón de pesos y paliativos para desactivar la crisis de seguridad. El edil marginado fue el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien evadió en todo momento hablar sobre el caso de los siete policías municipales que fueron detenidos por soldados y arraigados por su presunta participación en el atentado en contra del ayuntamiento de Teloloapan del sábado 25, donde fueron asesinados dos uniformados y dos más resultaron heridos. La reunión privada entre el mandatario y los cinco ediles perredistas se realizó en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, donde sesionó de manera paralela el gabinete de seguridad aglutinado en el organismo denominado Grupo Coordinación Guerrero (GCG), conformado por autoridades castrenses y civiles de los tres niveles. Paradójicamente, mientras se realizaba el cónclave enfocado en analizar las estrategias de seguridad y los efectos de la narcoviolencia, en las calles de esta capital un comando se robó la nómina de la Dirección de Servicios Públicos municipales. De los 15 alcaldes que conforman la zona norte de la entidad, sólo fueron convocados cinco presidentes municipales, todos del PRD, encabezados por José Luis Abarca Valázquez, de Iguala, y Efraín Peña Damacio, de Apaxtla de Castrejón, así como Jesús Valladares Salgado, de Teloloapan, por cierto, este último fue exhibido en un video pactando acuerdos con personeros del grupo delictivo La Familia. Al cónclave también acudió Eleuterio Aranda Salgado, de General Canuto A. Neri, conocido como El Solitario del Sur y por interpretar ‘narcocorridos para exaltar a pistoleros de grupos delincuenciales, además de Feliciano Álvarez Mesino, de Cuetzala del Progreso, quien reveló al portal de Proceso que se encuentra amenazado por el narco y que su policía literalmente fue desaparecida. Al respecto, fuentes oficiales que estuvieron en el encuentro privado señalaron que el gobernador Aguirre entregó un millón de pesos a cuatro de los alcaldes que habían solicitado de manera reiterada entrevistarse con el mandatario para exponer directamente la problemática que enfrentan ante la disputa de dos bandas delincuenciales: La Familia y Guerreros Unidos. Además del dinero que fue entregado en cheque, los cuatro ediles, de Teloloapan, Apaxtla, General Canuto A. Neri y Cuetzala, recibieron unidades recolectoras de basura y camiones de volteo. Las fuentes consultadas refieren que el alcalde de Iguala fue marginado del paliativo gubernamental. De esta forma, el mandatario desactivó la inconformidad de una parte de los alcaldes perredistas de la zona norte que habían denunciado públicamente que estaban siendo marginados por las autoridades gubernamentales y de su partido. En un boletín difundido por el gobierno estatal, se indica que Aguirre expresó a los cinco ediles "que no están solos", les recordó que el Ejército "ha reforzado" su presencia en la zona y "comentó que algunos directores de Seguridad Pública están siendo investigados". Ello a pesar de que el lunes 27 el mandatario señaló, sin dar nombres, que “ciertos alcaldes” estarían vinculados con la delincuencia organizada, y por ello los exhortó a deslindarse de ese tipo de acciones; de lo contrario, advirtió, junto a la Federación actuaría “sin ningún temor y de manera resuelta”. Aguirre Rivero lanzó esta advertencia cuando se le preguntó sobre el caso que se dio a conocer el domingo 26 en www.proceso.com.mx, cuando el alcalde de Cuetzala del Progreso, Feliciano Álvarez Mesino, reveló que en abril fue retenido, golpeado y amenazado por el narco, y que a finales del mismo mes un comando levantó a 10 de sus 14 policías municipales y hasta la fecha dos fueron encontrados asesinados y el resto sigue desaparecido. Al término de la reunión privada, sólo fueron entrevistados dos alcaldes, Feliciano Álvarez, de Cuetzala, y José Luis Abarca, de Iguala. El primero dijo confiar en la promesa del gobernador Aguirre, quien anunció un reforzamiento de la seguridad en la zona, y el segundo evitó en todo momento hablar sobre la situación de sus policías municipales, quienes están arraigados por su presunta participación en el homicidio de dos policías de Teloloapan. El resto de los ediles perredistas se escabulleron del lugar para evitar ser entrevistados sobre los acuerdos con los que se busca revertir los efectos de la narcoviolencia en la zona.