WASHINGTON (apro).- El presidente Barack Obama designó como “narcotraficantes más significativos” a la organización criminal de Los Caballeros Templarios, y a Luis Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, uno de los líderes del cártel de Tijuana.
La designación de Los Caballeros Templarios, a través de la ley conocida como Kinping Act, coloca a este grupo criminal como uno de los cárteles más importantes y peligrosos de México y de América Latina.
Bajo esta designación, cuya promulgación Obama la relega al Departamento del Tesoro través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), en este caso todos los integrantes de Los Caballeros Templarios, y por separado Sanchez Arellano, quedan sujetos a la confiscación de bienes y congelación de cuentas bancarias que tengan en territorios bajo la jurisdicción de Estados Unidos.
Los Caballeros Templarios están catalogados como un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que además controla grandes territorios para el trasiego de estupefacientes en Michoacán, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Estado de México.
A su vez, la designación que hace Obama implica una mayor presión a las autoridades de México para actuar con más eficacia en contra de los designados, con el fin de desmantelar sus redes de operación criminales, como tráfico de drogas, de personas, armas y otros delitos relacionados con el crimen organizado.
Sobre el caso de Sánchez Arellano, El Ingeniero, a éste se le considera como el heredero de sus tíos Ramón, Eduardo, Francisco Javier y Francisco Rafael Arellano Félix, fundadores del cártel de Tijuana, al que la DEA acaba de dar por muerto con la virtual sentencia impuesta a Eduardo Arellano, El Doctor.
El Ingeniero es hijo de Enedina, una de las hermanas del clan fundador del cártel de los Arellano Félix.
Como lo establece la Kingpin Act, Obama notificó de esta designación a los integrantes de los comités de Inteligencia, Relaciones Internacionales, Medios y Arbitrios, de la Cámara de Representantes.
Y, en el Senado, a los comités de Servicios Armados, Judicial, Relaciones Exteriores y Finanzas e Inteligencia del Congreso federal.
Por la promulgación de esta ley queda prohibido a los ciudadanos estadunidenses tener cualquier relación con las personas o grupos designados.
La violación de la medida implica sanciones civiles y criminales por varios millones de dólares y sentencias de cárcel de hasta 30 años.