CHILPANCINGO, Gro., (apro).- Integrantes de la policía comunitaria, adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), desarmaron este día a agentes municipales de San Luis Acatlán y Malinaltepec, como medida de presión para que autoridades estatales acudan a la región de Costa Chica a negociar un acuerdo entre el gobierno de Ángel Aguirre y el grupo de autodefensa conformado hace 18 años. También mantienen retenidos, desde el miércoles 8 en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, a un comandante y cuatro agentes de la Policía Ministerial Estatal (PME), así como a José Luis Bernabé Fernández, secretario de acuerdos del Juzgado Mixto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y en un viraje en su actuación, este día autoridades estatales se negaron a acudir a la mesa de negociación propuesta por dirigentes de la CRAC para este mañana en San Luis Acatlán, "por temor a ser retenidos", señaló uno de los cuatro coordinadores de la casa de justicia ubicada en este municipio de la Costa Chica. Los dirigentes comunitarios exigen negociar directamente con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la procuradora Marta Garzón, y el secretario de Desarrollo Rural, Humberto Zapata Añorve. La CRAC demanda que la administración de Aguirre Rivero se comprometa a no detener a miembros de esta organización, así como regresar las armas, equipo de radiocomunicación y dos camionetas, una entregada por el gobierno estatal y otra por la gestión anterior del municipio de Malinaltepec. Las fuerzas federales decomisaron armas y vehículos el lunes 6, en Acapulco, durante la detención de seis miembros de la CRAC, quienes fueron acusados de portar armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, los líderes y policías comunitarios fueron liberados posteriormente, debido a que el Ministerio Publico federal no acreditó el delito. En reacción a la captura de dos dirigentes de la CRAC y cuatro policías comunitarios, integrantes de esta organización decidieron emprender acciones en contra de autoridades estatales en las regiones de Costa Chica y Montaña, zonas donde asumieron las funciones de seguridad pública e impartición de justicia desde 1995 ante la omisión e indolencia oficial frente a la delincuencia organizada. El conflicto se agudizó este día cuando los dirigentes de la CRAC ordenaron desarmar a policías de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec, y así se apoderaron de 21 rifles automáticos y seis pistolas calibre .9 milímetros. Esto luego de que ninguna autoridad estatal acudió al llamado de la CRAC, razón por la que los dirigentes comunitarios advirtieron que escalarán sus acciones hasta obligar a la administración de Aguirre a asumir compromisos que garanticen que los policías comunitarios no serán molestados por representantes de los tres niveles de gobierno. A pesar de que el ambiente de ingobernabilidad es evidente, debido a que están suspendidas las funciones de la Procuraduría local y el Tribunal Superior de Justicia en el municipio de San Luis Acatlán, el gobierno de Aguirre no ha dado visos de cómo pretende resolver este conflicto con el emblemático grupo de policías comunitarios que operan en la Costa Chica y la Montaña. Además, este nuevo problema social se suma al movimiento magisterial y la imparable ola de violencia e inseguridad que afectan la mayor parte de la entidad.