MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició este martes una investigación sobre el aseguramiento ilegal de 30 migrantes en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Municipal. El organismo que dirige Raúl Plascencia Villanueva tomó cartas en el asunto luego de que el director del Comedor San José, ubicado en Huehuetoca, denunció que el pasado lunes 17 policías y elementos del INM efectuaron un operativo en las vías del tren en esa localidad, en el que fueron asegurados 30 indocumentados, la mayoría de ellos de nacionalidad hondureña y guatemalteca. En un comunicado, la CNDH informó que como parte de las primeras acciones realizadas para atender el caso, “un equipo de visitadores adjuntos acudió a la estancia provisional” del INM en Toluca, Estado de México, “a efecto de entrevistar a los agraviados”, mientras que otro equipo “visitó el lugar de los hechos para obtener testimonios”. Detalló que una vez concluida la investigación y después del análisis y la valoración de las evidencias, emitirá la determinación que corresponda conforme a derecho. Por separado, organizaciones sociales exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación puntual sobre la detención de los migrantes en el municipio mexiquense. En varios comunicados, organizaciones como Amnistía Internacional y algunas más dedicadas a la atención de migrantes dieron a conocer la narración de testigos, quienes señalaron que  policías municipales y del INM realizaron una redada en las vías del tren. Poco después, añadieron, los policías entraron al Comedor San José “golpeando la puerta de entrada” y “a aventones corretearon a migrantes que estaban fuera del comedor y en las vías”. A uno de ellos, subrayaron, “lo jalaron, lo levantaron del cabello, lo golpearon con macanas y lo subieron a una de las patrullas” del INM. Ante los cuestionamientos del personal del Comedor San José sobre los motivos para llevarse a los indocumentados sin una orden judicial de por medio, responsables del INM dijeron que era parte de los “operativos” que realizarían “continuamente”. Los migrantes detenidos fueron trasladados al palacio municipal de Huehuetoca, donde se encontraban varios vehículos que los llevarían a la estación migratoria. De acuerdo con las organizaciones sociales, el allanamiento y detención de migrantes “habla de un abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, allanamiento de morada, consentimiento y violación a los procedimientos que señalan los artículos 195 y 207 del reglamento de la Ley Migratoria por parte del INM”. Señalaron que las autoridades que incursionaron en el comedor de Huehuetoca violaron la ley, específicamente el artículo 76, que dice que el INM “no podrá realizar visitas de verificación migratorias en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o de protección a migrantes”. Las organizaciones firmantes –Casa del Migrante de Saltillo, Casa para Migrantes La 72 y Casa del Migrante Hermanos en el Camino, entre otras– puntualizaron que la actuación de los funcionarios “agrede, lastima y ofende a las personas migrantes, y refleja una descomposición de los procedimientos legales, dejando entrever una forma de acción autoritaria y represora ajena al diálogo y a la cooperación que prevé la legislación actual”. Asimismo, demandaron una investigación puntual sobre las detenciones, así como el respeto a la legislación migratoria vigente, y exigieron al INM que otorgue visas humanitarias a los 30 detenidos por ser víctimas de violaciones a derechos humanos. Las organizaciones civiles demandaron la suspensión de detenciones masivas de indocumentados, y “en caso de que exista una orden judicial para una detención ilegal, se hagan acompañar por personal de la CNDH, dado que lo agentes del INM y de seguridad de los tres niveles de gobierno no garantizan el respeto a los derechos humanos”. Amnistía Internacional declaró que es “importante que los albergues y los comedores establecidos por la sociedad civil para brindar apoyo humanitario a migrantes sean lugares seguros” para los mismos. Sobre la investigación solicitada a las autoridades, añadió que es esencial que se consideren los testimonios de los migrantes que fueron sometidos con uso excesivo de la fuerza, incluso con golpes de macanas y jalones de cabello.