Condena Aguirre desaparición de activistas; "trastoca paz social" de Guerrero, afirma

domingo, 2 de junio de 2013 · 16:25
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Tres días después de la desaparición del dirigente perredista Arturo Hernández Cardona y siete activistas más en la ciudad de Iguala, el gobernador Ángel Aguirre Rivero condenó este hecho que, afirmó, “trastoca el clima de paz social que prevalece” en la entidad. Por ello ordenó a su gabinete de seguridad intensificar las investigaciones para localizar a los ocho activistas y deslindó a su administración de este caso al señalar que su gobierno “es respetuoso” de los derechos humanos y la libertad de expresión, “abierto al diálogo con todas las organizaciones sociales, sin distingo partidista”. La postura del mandatario se difundió este domingo a través de un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, tres días después de que se reportó la desaparición de siete activistas y el dirigente del PRD en Iguala. Los ocho desaparecidos habían participado en una protesta impulsada por la organización Unidad Popular (UP), el jueves 30 en Iguala para exigir obra pública al alcalde perredista José Luis Abarca y una audiencia con el gobernador Aguirre. Al respecto, Aguirre expresó su “respaldo y apoyo solidario” a los familiares de los desaparecidos, y ordenó al secretario de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez y a los encargados de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Leonardo Octavio Vázquez Pérez, y de la Procuraduría General de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, intensificar las labores de búsqueda, detalla el comunicado oficial. Agrega que el mandatario lamentó este hecho que “trastoca el clima de paz social que prevalece” en Guerrero. Ello a pesar de que la desaparición de los activistas en Iguala ocurre en un contexto de impunidad y violencia desbordada en la entidad que en las últimas semanas se ha agudizado en la zona norte. En esa región los alcaldes perredistas pidieron ayuda gubernamental porque simplemente no pueden revertir los efectos de la delincuencia organizada, que tiene sometidas a las autoridades locales.

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