SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- En Nuevo León se priva de su libertad  a más de 40 personas por mes, mientras que Tamaulipas continúa siendo el estado de la República donde se registran más casos  y en Coahuila  simplemente se esconden  las cifras. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León  se había  negado sistemáticamente a informar la cifra oficial de secuestros, “levantones”, privaciones forzadas de la libertad,  así como el número de desaparecidos. Sin embargo, un estudio privado realizado por diversas instituciones arroja que los delitos de secuestro y los relacionados con  las privaciones ilegales de la libertad crecieron exponencialmente desde 2009 a la fecha. “Durante 2011, el promedio mensual  de delitos contra la libertad en Nuevo León ascendió a 43 casos”, precisa el estudio “Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León”, coordinado por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). En la elaboración del estudio también  participó el Instituto Dipev S.C. y el Centro de Integración Ciudadana  Fernández Fromow, Rivera. Fue realizado por un equipo de 18 investigadores coordinados por la catedrática de la UNAL Patricia Cerda Pérez. Las cifras oficiales de la Procuraduría General  del Estado (PGJE) arrojan que en 2011 se cometieron  en Nuevo León 510 “delitos contra la libertad”. A esta cifra falta agregar las privaciones  que no se denunciaron. Conservadoramente se calcula que al menos  es  “uno más por cada delito denunciado”,  así que la cifra global superaría  los mil casos por año, según los investigadores de la UANL. El  estudio destaca que hasta 2009 se registraban en la zona metropolitana de Monterrey entre cinco o seis secuestros por año. Las estadísticas oficiales muestran que los secuestros se dispararon el siguiente año con alrededor de seis casos por mes. Para contabilizar todo tipo de privaciones ilegales, los investigadores incluyeron las cinco categorías en las que la Procuraduría califica este delito: plagio, privación Ilegal de la libertad, rapto, secuestro y trata de personas. Las cifras globales arrojan que en 2011 se registraron 510 privaciones ilegales de la libertad y durante  2012 la estadística  totalizó 425 casos denunciados ante las autoridades. El 57 por ciento del total de las privaciones ilegales en 2012 estuvieron relacionadas con delincuencia organizada, 42 por ciento fueron “secuestros puros” y un uno por ciento “secuestros exprés”. El 78 por ciento de las personas privadas ilegalmente de su libertad fueron hombres y 22 mujeres.  Un 27 por ciento del total de las mujeres  fueron violadas. En el caso de los secuestros, el promedio del pago del rescate fue de 250 mil pesos, y se estima que al menos un seis por ciento de los plagiados fueron asesinados. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recientemente alertó que durante el primer trimestre de este año la cantidad de secuestros en todo  el país aumentó 20% respecto del mismo periodo de 2012. El estudio de la UANL destaca que “Tamaulipas es el estado donde se registra la mayor tasa de secuestros por cada millón de habitantes, con 80.28 casos”. Durante el primer trimestre del  presente año  el secuestro en  el estado fronterizo  se duplicó, al pasar de 24 casos entre enero y marzo del año pasado a 42 en el mismo periodo de 2013. Entre junio de 2009 y junio de 2010, Tamaulipas registró el 3.2% de las denuncias formales de secuestros de migrantes ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el caso de Coahuila, la Procuraduría estatal presenta en sus estadísticas oficiales únicamente los casos de secuestros registrados entre junio del 2012 y marzo del presente año, con un total de 17 casos. La dependencia esconde las privaciones ilegales de la libertad que en el argot policiaco se conocen como “levantones”, los cuales se registran cotidianamente por todos los puntos  del estado. En las últimas semanas, las autoridades de Coahuila, así como las de Nuevo León, presumen una reducción mínima en las estadísticas  de  homicidios y ejecuciones,  pero esconden que las privaciones ilegales se han disparado. El estudio de la UANL  concluye  que los secuestros y las privaciones ilegales se han convertido en la peor tragedia para las familias de la región, ya que en muchos casos las mujeres  son violadas,  en algunos  los hombres son mutilados y en todos los casos las familias quedan en la ruina después de pagar los rescates.