MÉXICO, D.F. (apro).- La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre la persistencia de la impunidad en las agresiones a defensores de derechos, pese a que desde 2009 el organismo emitió recomendaciones al Estado mexicano para dar garantías a los activistas. Durante la presentación del Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, Javier Hernández Valencia, representante de la OACNUDH, informó que de 2010 a 2012 el organismo documentó 89 casos de agresiones a activistas, de los que sólo 37 de ellos derivaron en la integración de averiguaciones previas. De las indagatorias abiertas, destacó, sólo en cinco casos se identificó a presuntos responsables y sólo en tres se detuvo a los agresores. En ningún caso hay sentencias en firme, agregó el representante de ONU. Del total de casos analizados, la mayor parte se refiere a amenazas (38%), seguidas por injerencias arbitrarias (13%), hostigamiento (12%), detenciones arbitrarias (11%), privación de la vida (11%), atentados (6%) y desapariciones forzadas (2%). En cuanto al origen de las agresiones, de los 89 casos documentados por el organismo internacional, en 39% no se pudo identificar a los agresores; en 38% se ubicó a agentes no estatales; en 12% se ubicó como responsables a miembros de la administración federal; en 6%, a autoridades municipales, y en 5% los perpetradores se ubicaron como operadores de justicia. Luego de destacar que la mayoría de los expedientes abiertos por la OACNUDH se ubicó en los estados de Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Distrito Federal, Hernández Valencia destacó que “no sólo el crimen organizado atenta contra los defensores”, por lo que “al menos en casi la cuarta parte de los casos se identificó a actores estatales como los responsables de las agresiones, por lo que hay que seguir esforzándonos por la activación de protocolos y que se pase no sólo de la presunción sino que haya detenciones de los responsables”. Durante su participación, el ombudsman nacional Raúl Plascencia puntualizó algunos de los datos proporcionados por el representante de ONU que reforzaron la preocupación por la impunidad imperante: de 2005 a 2013, en los registros de la CNDH hay 30 homicidios y ocho desapariciones de defensores, en tanto que de enero de 2010 al 30 de abril de 2013 se han registrado 173 agresiones y se han emitido 33 medidas cautelares. Además, destacó, ni los asesinatos ni las desapariciones documentadas por la CNDH han sido esclarecidos. Plascencia Villanueva agregó que la CNDH está vigilante de que “se abata la impunidad, que estas investigaciones se logren agotar y se detenga a los responsables de todas y cada una de estas agresiones, de estos homicidios, de estas desapariciones; lamentablemente, el panorama es muy desalentador en este momento”, toda vez que es común que son los propios defensores quienes realizan las investigaciones. La subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García, acotó que desde la puesta en marcha del “Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, se han recibido 81 solicitudes de incorporación, de las cuales 33 corresponden a periodistas y 48 a activistas; de esa cifra, 47 fueron canalizados por vía ordinaria y en 25 se recurrió a procesos extraordinarios. Limón García reconoció que “la mejor manera de proteger a los defensores y periodistas es investigando los casos que existen de agresiones, ataques y amenazas, de manera que se pueda sancionar e inhibir esos abusos”. El director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, integrante del Consejo Consultivo del mecanismo, dijo que entre las deficiencias de ese instrumento destaca “el rezago de casos por la lentitud para aplicar los estudios de riesgo”, la falta de personal capacitado para atender a defensores y periodistas, así como la dificultad para acceder a los recursos para la protección. Aunque reconoció los esfuerzos de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación para atender el problema, ubicó como problema central las deficiencias en los órganos de procuración de justicia que, dijo, mientras ello persista, “en el próximo informe vamos a seguir señalando a la impunidad como el factor de máxima preocupación”. Apuntó: “Es la deficiencia de las procuradurías de los estados, de la PGR y en particular de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión; tenemos que empezar a poner nombres específicos a las responsabilidades”. En momentos en que la fiscal especial Laura de la Borbolla abandonaba sigilosa el recinto del evento, Cortez Morales precisó: “La fiscalía ha dicho que le faltan recursos legales para hacer más cosas, en mayo pasado ya entró en vigor la reforma, ahora tiene la facultad de atraer los casos locales al ámbito federal de la investigación; bueno, ya tiene la herramienta legal. Ahora, ¿cuándo vamos a tener resultados? Tenemos que exigir resultados”. Al acto también acudió el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, quien se disculpó por su condición de mexicano para no opinar, pero resaltó la importancia que los defensores tienen en los procesos democráticos en los países del continente.