Trabajadores de la extinta Ruta-100 llevarán su caso a la CIDH

viernes, 12 de julio de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Con la asistencia legal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), trabajadores de la desaparecida Ruta-100 llevarán su caso a la Comisión Interamericana (CIDH) ante la “impunidad” y “falta de justicia debida y oportuna” por parte de las autoridades capitalinas en el litigio que enfrentan desde hace 12 años. En rueda de prensa, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia lamentó que, a dos años de que emitió la recomendación 3/2011 sobre el caso, entre las autoridades capitalinas “prevalece un escenario de total impunidad en contra de las personas agraviadas”, razón por la que declaró la recomendación como “incumplida” en abril pasado. La recomendación fue emitida en mayo de 2011 hacia la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el “retardo injustificado” en la integración y determinación de la averiguación previa iniciada en 2001 sobre la presunta “mala” administración de un fideicomiso creado con sus liquidaciones para la creación de empresas de las que serían socios y generarían sus propias fuentes de empleo. Sin embargo, a 12 años de que se denunciaron los hechos, la PGJDF “ha restringido el acceso a la procuración de justicia, perpetuando la violación a los derechos humanos de casi siete mil personas y de sus familias”, afirmó González Placencia. La CDHDF, añadió, ha impulsado a la PGJDF a dar cumplimiento a la recomendación 3/2011pero a la fecha, ni siquiera ha concluido su indagatoria para resolver definitivamente la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los servidores públicos a cargo de la averiguación por fraude en el fideicomiso, como tampoco ha diseñado un mecanismo para evitar la repetición de hechos como el descrito. Por su parte, José Alberto Soto Barroso, uno de los agraviados del caso, refirió que los daños a los trabajadores de Ruta 100 son por lo que han dejado de percibir de las ganancias y utilidades que generan la explotación comercial de tres mil 80 concesiones desde 1996 a la fecha. A ello, dijo, se suman los intereses que no han percibido por la administración del Fideicomiso, patrimonio que en 1996 era de tres mil 800 millones de pesos y hoy es de cuatro pesos. Según sus cálculos, el daño de los trabajadores asciende a más de 15 mil millones de pesos, desde 1996 hasta hoy. Respecto al recurso que interpondrán ante la CIDH, dijo que la CDHDF ya valora un proyecto de queja para apoyar a los extrabajadores. Para ello, abundó, cuentan con documentos certificados por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, que acreditan sus derechos y la titularidad de las tres mil 80 concesiones que explotan comercialmente cuatro empresas. Soto Barroso recordó que a consecuencia de la quiebra y para solucionar el conflicto, en abril de 1996 el GDF y el representante de los extrabajadores de Ruta 100 firmaron un convenio en el que se acordaron liquidaciones al 72% y 28% como pago para otorgar concesiones. En aquel año, precisó, se otorgaron mil 500 concesiones para prestar el servicio público de transporte en modalidad de autobuses y mil más para taxis, todo “en beneficio de quienes eran trabajadores en activo al año 1995”. Después se formó un Fideicomiso con las aportaciones de ocho mil extrabajadores de Ruta 100, pero son otras cuatro empresas las que explotan comercialmente los títulos de concesión. A partir de entonces, dijo, al no recibir dividendos ni utilidades los extrabajadores de Ruta 100 perdieron su nivel de vida, se quedaron sin trabajo, sus hijos abandonaron sus estudios, carecen de alimentos, vestido, vivienda y servicios de salud. Francisco Rentería Martínez, otro de los afectados, lamentó que las autoridades de la ciudad sólo los vean como un número más, en sus estadísticas y asuntos pendientes por resolver, "eso se llama impunidad”, apuntó.

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