MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Aguascalientes detuvieron al notario público Fernando Quezada Leos por su presunta participación como fedatario en la compra-venta de predios a sobreprecio durante el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat. La captura de Quezada Leos, ingresado al Centro de Readaptación Social para varones en Aguascalientes, se realizó la noche de ayer en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juzgado de lo Tercero Penal en el estado. Dentro de la indagatoria que se sigue contra Reynoso Femat por la compra-venta de terrenos a sobreprecio, el notario público es señalado como la persona que avaló dichas transacciones, pese a la existencia de diversas anomalías en el proceso de adquisición y posterior venta de los predios. El pasado sábado 13, el procurador de Justicia de Aguascalientes, Felipe Muñoz Vázquez, informó que estaban por consignar tres de las ocho averiguaciones que tienen abiertas contra el exmandatario, relacionadas con la compra-venta de predios a sobreprecio. En una de las compras de terrenos, dijo, el presunto desvío de recursos habría sido de 27 millones de pesos. Un día antes, el viernes 12, el exgobernador aguascalentense se libró de ir a la cárcel al cubrir la fianza de nueve millones de pesos fijada por un juez, por lo que enfrentará en libertad el proceso penal abierto en su contra por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, derivado de la presunta compra simulada de un tomógrafo de 13.8 millones de pesos que nunca llegó al hospital público donde sería instalado. La tarde de ese día, el juez tercero de distrito en Aguascalientes, Guillermo Baltazar y Jiménez, informó que Reynoso Femat exhibió una póliza de fianza por nueve millones de pesos en el juicio de amparo 1132/2013, razón por la que no podría ser detenido. De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, el juez indicó que dicha suma le fue fijada al exmandatario para garantizar que no evadiría la acción de la justicia mientras se resuelve el juicio de amparo contra el auto de formal prisión dictado en su contra. Además del pago de la fianza de nueve millones de pesos para reparar el daño patrimonial que presuntamente cometió, el exgobernador tendrá que acudir “cuantas veces sea necesario” al desahogo de las diligencias para que no se entorpezca el desarrollo del proceso en Aguascalientes.