CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El director de Transportes en la entidad, Juan María Larequi Radilla, advirtió que en esta capital se vive una situación de excepción, ya que circulan unidades de transporte público ligadas al crimen organizado. El funcionario estatal responsabilizó al gobierno federal, así como al Ejército, de no intervenir en este tema a pesar de las denuncias que, aseguró, él ha planteado en reuniones del gabinete de seguridad en la entidad donde participan autoridades de los tres niveles. Larequi Radilla rechazó haber otorgado permisos a los llamados ‘narcotaxis’ que operan desde el año pasado en esta ciudad. Incluso, dirigentes transportistas han denunciado públicamente que suman más de 200 las unidades que prestan servicio público de manera irregular, entre vehículos compactos y tipo Van. Al igual que el alcalde priista de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, quien en marzo de este año reconoció la presencia de ‘narcotaxis’ en la capital pero se declaró incompetente para intervenir argumentando que no es “Supermán ni el Llanero Solitario”, Larequi se deslindó de esta irregularidad tolerada por las autoridades y que pone en una situación de riesgo a la sociedad. El funcionario estatal argumentó que la presencia de ‘narcotaxis’ en Chilpancingo “es un asunto de Estado”, porque se trata de una cuestión de seguridad y no de la dirección de Transportes en la entidad. Por ello, dijo que el caso de los ‘narcotaxis’ en la capital le corresponde “a otro nivel de gobierno, regular las unidades que circulan sin autorización”, indicó. Lo anterior durante una reunión en la sede del Congreso estatal donde estuvieron diputados locales, autoridades estatales del sector Transportes, así como choferes y permisionarios de diferentes regiones de la entidad. En el encuentro, los transportistas reprocharon a Larequi Radilla el otorgamiento indiscriminado de “permisos temporales” a personas “ajenas al sector transportista”. Al respecto, el dirigente en la región de la Montaña, Nicolás Diego Herrera, denunció que desde hace ocho meses circulan ocho unidades de transporte público sin placas ni permiso en la ruta Tlapa-San Luis Acatlán, que une la región Montaña y Costa Chica. Las autoridades estatales de este sector, acusó, argumentan que no pueden intervenir en el conflicto porque están amenazados por la delincuencia y reveló que el narco les está pidiendo cuota a los transportistas. “Este año la delincuencia nos exigió más de 22 mil pesos por concepto de cuota, es decir, mil 200 pesos por los 19 taxis que recorren esta ruta de la Montaña a Costa Chica, y nos amenazaron de muerte en caso de que no entregáramos el dinero”, indicó el dirigente transportista. Por ello, lamentó el hecho de que las autoridades estatales estén siendo rebasadas por la delincuencia y no hagan nada para revertir esa situación. Por su parte, la líder transportista en esta capital, Cira Rodríguez García, denunció que en Chilpancingo están circulando unidades irregulares avaladas por el delegado en la región Centro de la la Dirección de Transportes en la entidad, Eurípides Navarrete Vázquez, así como por Tránsito municipal. “El delegado nos dijo que otorgó permisos a dos unidades marcadas con los números 192 y 98 que se metieron de manera irregular a prestar el servicio en el barrio de San Mateo porque fue amenazado”, narró la mujer. Luego dijo que Navarrete Vázquez admitió que no puede hacer nada para retirar las unidades, e incluso conminó a los transportistas a enfrentar directamente a la delincuencia porque, aseguró, "el gobierno está rebasado”. Rodríguez García acusó a las autoridades municipales de asumir la misma actitud de indolencia frente al tema de las unidades del transporte públicas ligadas a la delincuencia, ya que los funcionarios de la Dirección de Tránsito de Chilpancingo se han negado a detener a sus operadores argumentando que "no quieren meterse en problemas" con el narco. En respuesta a la denuncia de la presencia de ‘narcotaxis’ en Chilpancingo, el director de Transportes en la entidad se limitó a decir que la situación que se vive en la capital guerrerense escapa a sus facultades porque no puede intervenir en temas de seguridad. A la fecha, las autoridades han sido omisas frente a las denuncias reiteradas sobre la presencia de unidades de transporte público al servicio de la delincuencia en esta capital. El 12 de marzo, Apro dio a conocer que el alcalde Mario Moreno Arcos reconoció que en esta capital circulan de manera irregular al menos 150 taxis y que han sido señalados de pertenecer a la delincuencia organizada. En ese momento, el también coordinador de ediles del PRI en la entidad responsabilizó a las autoridades estatales encargadas de regular el transporte público de permitir que estas unidades vinculadas al narcotráfico circulen de manera irregular desde diciembre pasado. “La información que tengo es que entraron un promedio de 150 taxis, yo hablé con la gente de Transportes (Comisión Técnica de Transportes y Vialidad en el estado), para que nos dieran alguna explicación, cosa que no ha sucedido a la fecha”, acusó. No obstante, justificó: “Tampoco yo te puedo decir que voy a cerrar los ojos ante cuestiones como esa. Estoy actuando pero por supuesto que no puedo agarrar y ponerme como Superman, Batman o El Llanero Solitario”. Cuatro meses después de que el edil capitalino admitió la presencia de ‘narcotaxis’ en la capital y responsabilizó a las autoridades estatales de fomentar esta irregularidad, el director de Transportes en la entidad se deslindó de esa situación y acusó a las autoridades federales de no intervenir para detener a los delincuentes que operan impunemente en unidades de transporte público.