MÉXICO, D.F. (apro).- La próximo miércoles 7 de agosto, el Ejecutivo presentará ante la Permanente su iniciativa de reforma energética, aseguró el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Asimismo, el PAN presentó hoy su propia iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y eliminar la prohibición de invertir capital privado, así como otorgar concesiones y contratos en materia de petróleo e hidrocarburos. “Todo indica que llegará la semana que viene la iniciativa del presidente Peña Nieto. Espero que pase el miércoles próximo por la Comisión Permanente, y eso nos ayudará a empezar a ver qué iniciativa presentó el PAN, qué iniciativa tiene el Ejecutivo y cómo podemos ir compaginándola”, afirmó Gamboa Patrón, entrevistado en la sesión de la Permanente. El coordinador de los senadores del PRI descartó la realización de una consulta nacional, como propone el PRD, pero afirmó que harán foros con expertos en la materia. Gamboa Patrón negó que la reforma energética quede condicionada a la iniciativa en materia política y electoral que las bancadas de PRD y PAN en el Senado han propuesto. “No creo que se deba condicionar nada en el país, no beneficia a la política”, advirtió. La propuesta panista El senador Francisco Domínguez presentó la iniciativa de reforma constitucional del PAN. De acuerdo con la propuesta, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el control operativo del sistema eléctrico nacional, la administración de los recursos de la renta petrolera, la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Domínguez Servín afirmó que “la apertura a la inversión de particulares no implica la privatización ni la pérdida del dominio de los recursos que el Estado ejerce actualmente”. “Nuestra propuesta no implica ninguna forma de privatización”, insistió. Luego argumentó que el modelo de Petróleos Mexicanos fue rebasado por las condiciones económicas y políticas y que el Estado mexicano “no posee la capacidad económica para lograr su modernización plena, que genere condiciones de competencia a nivel internacional”.