Respaldan exfuncionarios y activistas despenalización de la mariguana
MÉXICO, D.F. (apro).- Exfuncionarios, activistas y analistas, entre ellos el exsecretario de Gobernación en la administración calderonista, Fernando Gómez Mont, se pronunciaron hoy por la despenalización de la mariguana, pues el enfoque punitivo ha tenido un “alto costo” para el país.
En el foro Mariguana: ¿despenalizar su consumo?, Gómez Mont; el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; el excanciller Jorge G. Castañeda; Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas; la activista María Elena Morera, y el escritor Héctor Aguilar Camín coincidieron en que se debe abrir paso a políticas públicas con enfoque de salud y sustituir las medidas de corte punitivo por la prevención.
Férreo defensor de la lucha emprendida por Calderón contra el narcotráfico cuando fue secretario de Gobernación, Gómez Mont, ahora convertido en activista, dijo que “es tiempo de sustituir a las Fuerzas Armadas por médicos y psicoterapeutas”.
El también expanista consideró que los costos pagados en el país por el combate al narco han sido muy elevados y no han dado los resultados debidos ante el problema de salud actual.
Juan Ramón de la Fuente comentó que hay sectores de la población que se oponen a la propuesta de legalizar la mariguana y a ellos dirigió una pregunta: “¿Qué es preferible, que detengan a sus hijos fumando mariguana y los lleven a la cárcel, o que sea sometidos a un tratamiento?
Preguntas como ésta, dijo el exrector de la UNAM, deben ser parte de un debate serio para luego convidar que el consenso es posible.
También coincidió con Gómez Mont respecto de que ha habido un “alto costo” en el país bajo el enfoque punitivo y es el momento de que el tema se aborde como un problema de salud.
De la Fuente sostuvo que se debe buscar “una despenalización efectiva” con esquemas más flexibles para que el consumo personal de mariguana no sea criminalizado.
“Que los jóvenes no sean detenidos porque están fumando mariguana o porque los pescan con un par de churritos”, dijo.
En lugar de ello, abundó, que haya más programas, más clínicas y personal especializado.
Un claro ejemplo de que la prevención puede ser un paso importante en las políticas públicas, sostuvo, es la efectividad en la reducción del consumo de tabaco por estar regulado.
El tabaco, recordó, “es la única droga que hemos logrado que su consumo disminuya en los últimos 15 años” gracias a una intensa campaña de información, educación y prevención.
En el caso de la mariguana, dijo, no se ha hecho nada de eso y básicamente se ha seguido criminalizando su consumo, pues los que van a la cárcel casi siempre son los consumidores, que son “el eslabón más débil de la cadena”, los menos culpables y, pese a ello, el consumo sigue creciendo.
Incluso De la Fuente ofreció cifras sobre los riesgos en el consumo de mariguana. Según éstas, la posibilidad de volverse adicto es de 9%, mientras que el de cocaína es de 17%, y el de tabaco 32%.
Además, dijo que en los accidentes fatales en 29% de los casos fue por causa del alcohol, y sólo en 2.5% por los influjos de la mariguana.
Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio del panista Vicente Fox, dijo a nombre de los foristas que la postura que defienden no es una panacea frente al problema de los delitos contra la salud, sin embargo, afirmó que sí representaría un paso en el camino correcto para cambiar un enfoque en el que se ha apostado más por la cárcel que por atender un problema de salud pública.
Pedro Aspe afirmó que en materia económica la despenalización de la mariguana reduciría su costo y ello disminuiría las utilidades extraordinarias e impactaría en la reducción de prácticas como corrupción de funcionarios públicos, contratación de sicarios y compra de armamento.
El escritor Héctor Aguilar Camín señaló que hay miles de presos en el país por consumo de mariguana, mientras que en Estados Unidos ya se comienza a legalizar su consumo. En su opinión, se trata de “una reforma pequeñita, pero con una cola muy larga”.
Finalmente, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, indicó que se busca separar del sistema penal a quienes consumen droga de quienes se benefician de su comercialización.