Destaca Consejo de la Judicatura negativa de amparo a Reynoso Femat

lunes, 12 de agosto de 2013
AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- Al exgobernador Luis Armando Reynoso Femat le fue negada la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión por peculado, luego de que se le ligara en la venta ilícita de predios a través del Instituto de Vivienda del Estado (IVEA). En su portal de Internet, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) colocó hoy en sus estrados la notificación del Juzgado Tercero que rechaza la demanda de amparo presentada por los abogados de Reynoso Femat para evadir nuevas órdenes de aprehensión en su contra. La primera orden de captura que se conoció por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en contra del exgobernador panista corresponde al caso del tomógrafo adquirido en una compra simulada, para la cual sí obtuvo la protección federal. Posteriormente, el 27 de agosto los abogados de Reynoso presentaron una nueva demanda de amparo, la 1487/2013, con el fin de que se ordenara a todas las autoridades competentes reportar alguna nueva orden de aprehensión en su contra. Como resultado, se indicó que el martes 2 la juez primero de lo penal giró una orden contra el exmandatario y otros de sus colaboradores por la venta de terrenos del estado a un precio muy inferior a su valor real y en detrimento de las arcas estatales. Por este mismo caso fue detenido la semana pasada el extitular del IVEA, Alberto Serna Dávila, quien posteriormente salió libre al pagar una fianza de 3 millones de pesos para enfrentar el proceso en libertad. Hasta ahora, por las dos indagatorias en las que los jueces han determinado que existen elementos suficientes para fincar responsabilidades a Luis Armando Reynoso –la adquisición simulada del tomógrafo y la venta del terreno a través del IVEA– se estima un daño por casi 30 millones de pesos en perjuicio del erario estatal. Sin embargo, hay otras averiguaciones en contra del exgobernador y funcionarios de su gabinete por desaparición de equipo de rastreo e intervención telefónica de la PGJE, asignaciones de obra pública, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros.  

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