OAXACA, Oax. (apro).- La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, reconoció que el mapa general de las agresiones a la libertad de expresión se ha ido diversificando en el país. Dijo que las agresiones ya no vienen sólo del crimen organizado, sino que más de 60% proviene de funcionarios públicos que se sienten atacados o exhibidos. Hizo hincapié en que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el derecho a la información en el mundo, al contabilizar 86 periodistas asesinados en más de una década; 20 comunicadores desaparecidos de 2005 a la fecha y 40 ataques a instalaciones de medios de comunicación. A esas estadísticas se tiene que sumar otro fenómeno que comenzó a registrarse a partir de 2011, cuando se contabilizaron 12 desplazados o refugiados en otras entidades, o el exilio de 14 periodistas que se encuentran en Francia, España, Canadá y Estados Unidos. Lamentablemente, dijo, en el presente sexenio ya se han perpetrado cuatro asesinatos, entre ellos el del periodista de Oaxaca, Alberto López Bello, uno de Coahuila, otro de Chihuahua y el de Tamaulipas, además de dos desaparecidos, uno en Coahuila y otro en Veracruz. También señaló el fenómeno de la autocensura en Michoacán, Guerrero y Veracruz, donde ya no publican información de seguridad. Mencionó que “por el 2000 o 2005 las agresiones se ubicaban en el norte del país. Muchas venían del narco y de funcionarios, pero este fenómeno se fue desplazando a otras zonas del país y hoy está en el centro y sur. Hoy no podemos decir que en el sur no pasa nada”. Luego de aclarar que los objetivos de Reporteros Sin Fronteras son sobre todo monitorear y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo, dijo que visitó Oaxaca para seguir el caso del reportero de nota roja del diario El Imparcial, Alberto Cruz Bello, asesinado en el mes de julio. “Enfrentamos un problema gravísimo de impunidad en México no sólo de periodistas sino de defensores de derechos humanos”, remató. Respecto de las recomendaciones emitidas por la CNDH, dijo, se quedan en el aspecto técnico como recomendaciones cumplidas parcialmente cuando ni siquiera son aceptadas por los gobiernos, las procuradurías o la PGR. Citó el caso concreto de la recomendación 17/2009 sobre casos de asesinatos  y periodistas desaparecidos: “No sé cuántos gobiernos la aceptaron pero ninguno la ha cumplido, lo que revela que las recomendaciones de la CNDH han sido minimizadas”.