TIXTLA, Gro. (apro).- Integrantes de una facción del grupo de autodefensa adherido a la Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (PC-CRAC), denunciaron que autoridades gubernamentales utilizan al Ejército en la Cruzada contra el Hambre para infiltrar los pueblos donde los ciudadanos decidieron tomar las armas y enfrentar directamente a la delincuencia. Pidieron que el programa estelar de la administración de Enrique Peña Nieto lo ejecuten trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en coordinación con dirigentes de la guardia civil. También demandaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero la entrega de un subsidio mensual de un millón y medio de pesos para gastos de operación de los civiles armados, así como 25 camionetas y 500 equipos de radiocomunicación. Es decir, pidieron el mismo beneficio económico que el mandatario ha brindado a otros grupos de autodefensa para extenderse en la entidad dirigidos por los activistas indígenas Bruno Plácido Valerio, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG), y Eliseo Villar, de la PC-CRAC, con sede en San Luis Acatlán. En el estado, la ley contempla la existencia de guardias comunitarias. La exigencia la hicieron durante una conferencia realizada este mediodía en el barrio de El Fortín de la cabecera municipal de Tixtla, donde estuvieron integrantes de la PC-CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. Entre los participantes estuvieron Arturo Campos Herrera, de Ayutla; Nestora Salgado, del municipio de Olinalá; Miguel Vitrago, de Huamuxtitlán y Gonzalo Molina, de Tixtla. El promotor de esta facción de la PC-CRAC y coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos, argumentó que el subsidio que le exigen al gobernador Aguirre es un derecho de los pueblos porque el gobierno federal destina presupuesto para seguridad, y ellos como guardias comunitarios están asumiendo las funciones de protección de un importante grupo social de cuatro municipios de las regiones Costa Chica, Montaña y Centro. También señalaron que Aguirre les canceló una reunión programada para este día en la residencia oficial Casa Guerrero en Chilpancingo, donde le presentarían sus demandas. Anunciaron que el próximo domingo marcharán en Tixtla para exigir respeto a este grupo de autodefensa, la entrega de apoyos económicos para su operación y en protesta contra las políticas que impulsa el gobierno de Peña Nieto.