A tres años de la masacre de San Fernando, puras promesas: Amnistía Internacional

jueves, 22 de agosto de 2013
MÉXICO D.F. (apro).- A tres años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 migrantes –centro y sudamericanos en su mayoría--, fueron asesinados por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales, el gobierno mexicano sigue sin cumplir su compromiso de adoptar medidas para garantizar la seguridad las personas migrantes a su paso por México, lamentó Amnistía Internacional. "El gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México. En tanto no se anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas", dijo Daniel Zapico, representante en México de ese organismo internacional. Recordó que hace tres años --el 22 de agosto de 2010-- un grupo criminal asesinó a 72 personas en el municipio de San Fernando. Al año siguiente, en 2011, dijo, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin identificar. Zapico comentó que a pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida ni los responsables han respondido ante la justicia. “La identificación plena y fidedigna de todos los restos también sigue pendiente. La falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave”, subrayó. Luego del hallazgo de los cuerpos de los migrantes asesinados en 2010, el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros de personas migrantes. "Tras la indignación levantada por esta escalofriante tragedia, las autoridades mexicanas no tardaron en hacer compromisos públicos. Tres años después vemos con preocupación como tales compromisos parecen haber desaparecido", indicó Daniel Zapico. Los planes anunciados incluían el compromiso de garantizar la coordinación efectiva de las autoridades federales, estatales y municipales para impedir los secuestros, documentar e investigar estos crímenes cuando tuvieran lugar, castigar a los responsables y garantizar asistencia a las personas migrantes víctimas de abusos. Asimismo, la organización destaca que las medidas a las que las autoridades se comprometieron, ya constituían una obligación del Estado Mexicano y que la actual administración debe honrar. Por tal motivo, Amnistía Internacional hizo un urgente y enérgico llamado a las autoridades federales y estatales para que cumplan con las medidas anunciadas para garantizar la seguridad de las personas migrantes en el país e informen a la sociedad sobre las acciones que están tomando y sus resultados.

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