MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación —la 32/3013— dirigida a los poderes Ejecutivo y Judicial del Distrito Federal, así como a la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF) por las acciones y omisiones cometidas en el caso de Ana María Orozco, expareja del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Genaro Góngora Pimentel. En su recomendación, solicitó al Gobierno del Distrito Federal y al tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura del DF una disculpa pública a Orozco Castillo y sus dos hijos, quienes padecen autismo. Al presidente de la CDHDF le solicitó una investigación integral, sobre las acciones y omisiones de algunos servidores públicos de ese organismo local. El organismo nacional determinó que servidores públicos del Gobierno del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF incurrieron en acciones y omisiones que afectaron a la expareja de Góngora Pimentel, quien reclamó una pensión alimenticia y fue privada de su libertad durante 12 meses “de manera ilegal e injusta”. “La CNDH considera que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer al revictimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos”, afirma el organismo en un comunicado. El organismo condenó que las autoridades judiciales quebrantaran las leyes al ponerles trabas y obstáculos a las mujeres para acceder a esas pensiones. Consideró que “este tipo de violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. La CNDH recordó que en agosto de 2011, Orozco Castillo demandó al padre de sus hijos una pensión alimenticia y él la acusó por los delitos de fraude genérico y actos de violencia familiar en contra de los niños, “transgresiones que finalmente se demostró que nunca existieron”, apunta la CNDH. Posteriormente, añade el organismo nacional, al ver que se violaban sus derechos de presunción de inocencia y al debido proceso, la expareja de Góngora Pimentel solicitó, desde el penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo recluida un año, la intervención de la CDHDF para que le apoyaran a ella y a sus hijos. “Ello no fue posible, ya que sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes, el citado organismo local concluyó el caso mes y medio después de su radicación bajo el argumento de que ‘no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos’”, señala la CNDH. Por ello Orozco interpuso un recurso de impugnación ante la CNDH, que acreditó los agravios cometidos por la CDHDF en su contra. La CNDH indicó que en su investigación constató la existencia de violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la legalidad, al acceso a la justicia, al acceso a las garantías y al debido proceso legal de Orozco Castillo y sus dos hijos, a quienes además se les violentó el derecho de los niños y al desarrollo integral de la niñez. Por ello, en su recomendación pidió al jefe de Gobierno y al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF, implementar “las acciones necesarias para reparar los daños causados a la mujer y sus dos hijos”. En particular les solicitó ofrecer una disculpa institucional a Orozco y sus hijos en un acto público en el que se reconozcan las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron servidores públicos de esas dependencias, “dando a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron lugar a esta recomendación”. Asimismo, la CNDH les pidió colaborar en el trámite de las quejas que promueva ante la Contraloría General del Distrito Federal, la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del DF y ante el Consejo de la Judicatura del DF, respectivamente. Al presidente de la CDHDF le solicitó una investigación integral, sobre las acciones y omisiones de algunos servidores públicos de ese organismo local e impartir capacitación y/o actualización al personal responsable “sobre los derechos de las niñas y los niños, así como de las mujeres, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los referidos”. El caso de Orozco Castillo fue dado a conocer por la periodista Carmen Aristegui en su programa de radio Noticias MVS, donde puso en evidencia la manera en la que el exministro echó mano del tráfico de influencias para encarcelar a su expareja durante un año, tiempo en el que ésta vio a sus hijos en dos o tres ocasiones, según dijo.