TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la queja por el caso de tres menores de edad a quienes hace 13 años les explotó en las manos una granada que encontraron en un predio militar. Pese a que uno de los pequeños perdió la vida y los otros dos quedaron con secuelas físicas permanentes, ni la justicia civil ni la militar deslindaron responsabilidades y mucho menos investigaron el caso. De acuerdo con un comunicado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el 17 de septiembre de 2000, en la comunidad El Aguaje, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Ricardo (de 11 años de edad) salió en compañía de Ángel (de nueve años) a recolectar hongos comestibles. Los menores se introdujeron a la Zona Militar No. 31 conocida como Rancho Nuevo, ubicada en medio de un camino tradicional de paso comunitario. En el lugar los menores hallaron un objeto extraño de color verde y lo tomaron creyendo que se trataba de un juguete. De regreso a la comunidad se encontraron con José, otro menor de edad, quien accidentalmente dejó caer el artefacto, que al hacer contacto con el suelo explotó, ya que se trataba de una granada de fusil antipersonal. Ángel perdió la vida tras la explosión, y Ricardo y José sufrieron heridas graves que les causaron secuelas físicas. El 18 de octubre de 2000, la Procuraduría General de la República (PGR) remitió la investigación al Ministerio Público Militar, por considerar el asunto de competencia castrense. Al declinar la competencia civil, el Estado mexicano violó el derecho de las víctimas a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, por lo que los recursos internos en México para el caso específico resultaron ineficaces. En noviembre de 2006, las víctimas y sus familiares, acompañados por el Frayba, presentaron el caso ante la CIDH “por considerar que el Estado mexicano es responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, derechos del niño y protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El pasado viernes 16, la CIDH notificó al Frayba que fue admitida la queja, en virtud de que la jurisdicción militar no brindó un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar presuntas violaciones a derechos humanos. Según el Frayba, el fuero militar en México ha permitido que las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos del Ejército permanezcan en la impunidad. El Estado, subraya, ha protegido y encubierto las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas de México, tanto en la llamada “guerra sucia” como en su participación y creación de grupos paramilitares en la zona Altos y Selva de Chiapas a través del “Plan de Campaña Chiapas 94”. Asimismo, recuerda otros casos que han quedado en la impunidad, entre ellos el de las hermanas tzeltales, víctimas de violación sexual, y la acción del Ejército contra la población civil en el marco de la guerra contra el crimen organizado, que ha provocado abusos de autoridad, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos sostiene que a pesar de que el gobierno mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la jurisdicción militar, y ordenó hacer cambios legislativos para asegurar que las violaciones cometidas por integrantes del Ejército sean investigadas y juzgadas por la vía civil, hasta la fecha esas reformas no han sido aprobadas. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar, sin embargo, no hay una jurisprudencia que obligue a los tribunales civiles a juzgar a personal militar involucrado en violaciones a los derechos humanos. A la fecha, la jurisdicción militar continúa investigando a militares responsables de cometer violaciones a los derechos humanos, hecho que, apunta el Frayba, permite que permanezcan en la impunidad.