MÉXICO, D.F. (apro).- A 20 años de su creación, el Instituto Nacional de Migración (INM) está sumido en una “extrema descomposición”: el esquema de seguridad nacional no tiene una supervisión y sistemáticamente se perpetran violaciones a los derechos humanos de los migrantes, sostiene un estudio realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde). Durante la presentación del “Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México”, la investigadora del Insyde Sonjia Wolf resaltó la falta de transparencia de la institución dependiente de la Secretaría de Gobernación, así como la ausencia de capacitación con enfoque de derechos humanos y las sanciones reales a servidores públicos que incurren en abusos. Wolf destacó que los perfiles de los funcionarios que integran el INM carecen de formación previa para trabajar con migrantes y que sus nombramientos obedecen más a acuerdos políticos. Al destacar que tanto Ardelio Vargas Fosado como la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, negaron entrevistarse con el equipo de trabajo de Insyde, Wolf, coordinadora del Diagnóstico, señaló que “se está convirtiendo al INM en un cuerpo policial y no es ese el fundamento legal de la conformación de esa institución”. Sobre las sistemáticas violaciones a derechos humanos, dijo que el origen está en que “los agentes que están ahí no son policías, pero por la capacitación que se da es con el enfoque de seguridad nacional, porque el fondo que tiene la gestión del INM es la detección, detención y la deportación de los migrantes, y no tanto el respeto a los derechos de los migrantes. Oficialmente se habla de los derechos humanos, pero en la práctica no son la prioridad”. Los abusos, destacó, ocurren tanto en operativos como en las estaciones migratorias. “Supuestamente los agentes tienen un procedimiento formal que respeta los derechos humanos, pero en la práctica hay abusos, golpes, persiguen a los migrantes, también hay abusos que se comente en estaciones migratorias”. En el estudio se destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 34 recomendaciones al INM de 1994 a 2012, de las cuales 24 dio por cumplidas, en tanto que a otras instancias federales que tienen que ver con migrantes el organismo hizo otras 17 recomendaciones. Pese a que las denuncias por violaciones a derechos humanos de migrantes por parte de agentes del INM son frecuentes, así como la presunta colaboración de algunos de ellos con el crimen organizado, Wolf resaltó que el Órgano de Control Interno del INM informó a Insyde que de 2002 a 2013 se emitieron 27 sanciones, en tanto que de 2006 a 2013, la Secretaría de la Función Pública aplicó 969 sanciones a servidores públicos del INM. Sobre la cifra de la SFP, la investigadora abundó que la dependencia mantiene en la opacidad datos como el cargo de los funcionarios y el motivo por el que fueron sancionados, y que las amonestaciones más frecuentes son suspensiones de 15 a 30 días, incluso de uno a tres años, pero después los servidores son reintegrados al sistema. Wolf insistió en que por el perfil de Vargas Fosado, quien ha sido director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (2000-2005) y Comisionado de la Policía Federal Preventiva (2006-2007) no hay duda de que durante la actual administración hay un interés de “reforzar el enfoque policiaco del INM”. Aunque públicamente el funcionario ha dicho que los nombramientos de expolicías o exintegrantes del CISEN al frente de algunas delegaciones del INM tienen como finalidad afianzar la disciplina de los agentes y depurar la institución, la investigadora sostiene que “para limpiar el Instituto no hace falta ser policía, lo que se necesita es voluntad para fortalecer el INM y quitar los malos elementos”. El documento fue elaborado entre marzo de 2012 y julio de 2013, y para su conformación Insyde presentó 264 solicitudes de información a 26 dependencias; se realizaron 140 entrevistas en 11 estados de la república a servidores públicos del INM y de otras dependencias, coordinadores de los Grupos Beta, personal de la CNDH y de organismos estatales de derechos humanos, académicos, defensores y periodistas, además se realizaron visitas a 11 estaciones migratorias donde se llevaron a cabo 47 entrevistas a migrantes.