MÉXICO, D.F. (apro).- Al menos 80 asociaciones de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Centroamérica, reunidas en el Colectivo Plan Nacional de Desarrollo-Migración, comenzaron a perfilar un paquete  de propuestas con la idea de que se incluyan en el Programa Especial de Migración que dará a conocer el presidente Enrique Peña Nieto el próximo año. Axela Romero, representante de Salud Integral para la Mujer, informó que el colectivo construirá su programa con enfoques de prevención y seguridad humana, para garantizar los derechos humanos de los migrantes; de desarrollo integral, ya que, según ella, “el desarrollo no puede basarse sólo en una lógica de mercados”, y de inclusión de las poblaciones más vulnerables ante “la desigualdad y la exclusión de que padece América Latina”. A su vez, José Luis Manzo, coordinador del Centro de Derechos Humanos del Migrante Beato Juan Batista Scalabrini, de Nuevo Laredo,Tamaulipas, comentó que el programa es “urgente”, para poner un freno a la criminalización de la migración y al clima de violencia “naturalizada” hacia los migrantes. Precisó que la violencia proviene de dos fuentes: los grupos criminales y las propias autoridades de los centros de detención. “Se han hecho algunas destituciones de agentes de migración en puestos importantes, pero no ha sido suficiente para que la política de persecución por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) se detenga”, afirmó Manzo. Además, destacó la necesidad de fomentar un programa de desarrollo integral y transversal en materia de migración, dotado de un presupuesto transparente para asegurar el buen gasto público. “El presupuesto debe dirigirse hacia la población a la cual ha sido atribuido y dejar de gastarse en lo que no es necesario”, explicó. Reinventar la migración “Necesitamos una nueva arquitectura institucional en términos de migración, una verdadera política de Estado, no sólo en México sino a escala transnacional”, estimó el doctor Rodolfo García Zamora, investigador en la Red Internacional de Migración y Desarrollo, quien teme que el esfuerzo de la sociedad civil quede en un documento muerto ante la “oficialidad mexicana”. Reiteró que el nuevo programa no deberá caer en las atribuciones de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. En este caso, puntualizó, se volvería un programa de “gestión” con “una parte pequeña de seguridad nacional”. La “nueva estructura” que plantea el doctor García incluye un rediseño en la distribución del presupuesto público, ya que “desde hace 30 años la Secretaría de Hacienda define de forma vertical y autoritaria el ingreso y el gasto. Necesitamos integrar otros actores”. El experto apuntó que en México los partidos políticos –a los que calificó de “franquicias que no parecen tener responsabilidad con nadie y funcionan con recursos públicos”–, discuten la atribución de entre solamente 80 y 90 mil millones de pesos del presupuesto nacional público. Esto representa 2% de la cuenta pública, cuyo monto total alcanzó 3.9 billones de pesos en 2012. El 98% de éste, afirmó García, ya está asignado a los gastos corrientes y al reembolso de la deuda pública. Afirmó que en el momento de sustentar el programa con un presupuesto adecuado, el colectivo corre el riesgo de que los partidos le dijeran “el programa está interesante pero no hay presupuesto”. “¡Tenemos que romper este candado!”, se indignó. “Viven 12.7 millones de mexicanos en Estados Unidos, 11 millones han sido regresados debido a la crisis económica en dicho país”, declaró Rodolfo García. “La migración atraviesa todo el tejido social. México se ha convertido prácticamente en una bomba de tiempo y no puede seguir con su no-política, con políticas migratorias reactivas, tardías y fragmentadas con este asunto”, finalizó.