MÉXICO, D.F. (apro).- La Asociación Pro Derechos de la Propiedad Rural Anauatlali se sumará a la campaña emprendida por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para revisar los expedientes de las 195 indígenas presas en distintas cárceles del país por delitos del fuero común. Cecilia García, directora general de la asociación, explicó que la mayoría de las indígenas en reclusión son víctimas de la violación a sus derechos más elementales, como la presencia de un traductor en el juicio, y el acceso expedito a la justicia. Según la activista, en México existen 8 mil 122 presos indígenas en penales federales y del fuero común que carecen de un intérprete y un defensor preparado. Entre ellos, dijo, se encuentran 195 mujeres procesadas o sentenciadas en el fuero común y 74 en el fuero federal. “Si bien el número no parece elevado, la realidad es que este sector de la población indígena, además de vivir en la marginación, cuando llegan a ser aprehendidas por un delito son víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Delitos en muchas ocasiones no comprobados y con procesos judiciales mal realizados”, afirmó. Al sumarse a la campaña de Inmujeres, lo que persiguen es garantizar a las mujeres indígenas en reclusión sus derechos y ofrecerles traductores de lenguas indígenas en sus procesos penales. Las entidades que más presos indígenas tienen son: Chiapas, con mil 313, y Oaxaca, con mil 278. Las que menos tienen son Aguascalientes con tres; Guanajuato, con cuatro; Coahuila, con siete, y Zacatecas, con nueve. Cecilia García coincide con Lorena Cruz Sánchez, titular del Inmujeres, en el sentido de que la ley, por sí sola, no produce justicia, por lo que se necesita impactar a fondo en el sistema, actualizando a las y los operadores de justicia en el manejo de las leyes nacionales e internacionales que, con perspectiva de género, protegen los derechos de las mujeres. Con respecto al tema indígena, Francisco Jiménez Pablo, dirigente de CNPA-Movimiento Nacional y miembros del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), anunciaron que emprenderán una movilización en demanda de modificar la política indigenista. También exigirán freno a las concesiones a empresas transnacionales para explotar tierra y agua, se deje de aplicar una política excluyente en el acceso a los programas de desarrollo en diferentes dependencias federales y en apoyo al magisterio.