MÉXICO, D.F. (apro).- Después de un extenso debate en el que la oposición acusó a las autoridades de “negligencia criminal”, “omisión” y privilegiar el festejo del Grito antes que enviar elementos del Ejército a las zonas de desastre, el Senado acordó solicitar al Ejecutivo que explique cuáles fueron los protocolos de actuación aplicados por Gobernación para alertar y proteger a la población antes, durante y después de las tormentas Ingrid y Manuel. El senador del PRD, Alejandro Encinas, afirmó que el asunto se trata de la “mayor omisión” y “negligencia criminal”, ya que las autoridades dieron prioridad al desalojo de los profesores del Zócalo capitalino, el festejo del Grito y el desfile militar del 16 de septiembre, dejando “en situación de indefensión a la población civil”. “No fueron capaces de darle siquiera una señal de alerta a la población para que tomara sus previsiones”, deploró Encinas, quien acusó al coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, de retrasar 48 horas la declaración de alerta, luego de que la Conagua diera a conocer el riesgo que enfrentaba la ciudadanía. En respuesta, el senador del PRI, Héctor Yunes Landa, afirmó que se enfrentó un fenómeno natural “atípico” y negó que los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el desfile del 16 de septiembre hayan sido distraídos “de su fundamental tarea”, establecida en el Plan DN IIII. Por su parte, el senador Manuel Camacho, del PRD, propuso que si el presidente Enrique Peña Nieto tiene gran interés en ser solidario con los damnificados que retire la campaña de spots a favor de la reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución. “Hay razones adicionales para solicitar el retiro de la campaña presidencial. En el artículo 34 de la Constitución está perfectamente escrito que la propaganda oficial debe ser objetiva, es decir, no tomar partido. No es el caso de esta campaña a favor de las reformas constitucionales”, alegó. La senadora del PAN, Adriana Díaz Lizama, dijo que es más lamentable “que no hayan mecanismos ni estrategias oficiales que ayuden a minimizar los daños materiales y humanos”. Enseguida acusó a los gobiernos estatales por falta de responsabilidad y solapar a funcionarios corruptos. “Los funcionarios corruptos dan permisos a los desarrolladores para construir a lo largo de ríos y barrancos; los gobernadores construyen caminos sin muros de contención en zonas propensas a las inundaciones”, abundó Díaz Lizama. Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde, mencionó que lo sucedido en Acapulco demuestra que hubo fallas en la prevención y en la alerta a la población, lo que tuvo “las implicaciones que ya nos tocó ver”. La senadora Dolores Padierna, del PRD, también subrayó que los artículos 9 y 21 de la Ley General de Protección Civil definen el protocolo de actuación y las responsabilidades en esta materia. “Desgraciadamente, la corrupción, la negligencia son un cáncer que afecta de manera grave a muchas de nuestras instituciones y a muchos servidores públicos”, resaltó Padierna.