Silva Meza ahonda diferencias de jueces con la PGR por caso Gordillo

jueves, 26 de septiembre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ministro Juan Silva Meza, salió en defensa del Poder Judicial ante las críticas de la Procuraduría General de la República por la decisión de un juez de amparar a la exlideresa magisterial Elba Esther Esther Gordillo. A las propias autoridades se les olvida que debe haber un “máximo respeto a la independencia y la autonomía jurisdiccional” y a los roles constitucionales que cada institución y cada Poder tiene, aseguró el representante del Poder Judicial de la Federación en la inauguración del Segundo Congreso Nacional Juzgar con perspectiva de género. El ministro presidente aprovechó el encuentro para responder a los cuestionamientos que hace dos días le hizo la PGR al Poder Judicial. El martes pasado, el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en el DF, Francisco Javier Sarabia Ascensio, anunció su decisión de amparar a Gordillo y dos de sus coacusados al considerar que el ministerio público federal no fundamentó de forma precisa sus acusaciones. Lo responsabilizó incluso de haber violado el “debido proceso” y en consecuencia los derechos humanos de los detenidos, a quienes la PGR acusa de delincuencia organizada y de lavado de dinero de mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En un comunicado en el que anunció su solicitud al propio Poder Judicial para que revise la concesión del amparo, la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam señaló: “Por segunda ocasión, la PGR advierte con preocupación” que los jueces utilicen “argumentos endebles y sin consistencia jurídica” y ponderen “equivocadamente irrelevancias formales” por encima de las pruebas y hechos. La PGR aludió a otra resolución judicial, de agosto pasado, que luego de 28 años de prisión dejó en libertad al exjefe del desaparecido Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero. Los magistrados de un Tribunal Colegiado con sede en Jalisco argumentaron también violaciones al debido proceso porque el exnarcotraficante fue juzgado en la justicia federal y no la del fuero común en el caso del asesinato del agente de la DEA (dependencia antidrogas de EU), Enrique Camarena. La PGR también impugnó esa resolución judicial. En entrevista, Murillo Karam acusó a los magistrados de haber utilizado argumentos que “ni a un abogado defensor se le habrían ocurrido” (Proceso 1923). El congreso por la igualdad de género en el Poder Judicial fue el escenario propicio para que Silva Meza respondiera a las reiteradas críticas de la PGR. Sería un error pensar que el acceso a la justicia implica sólo una garantía formal, declaró. “La mera enunciación formal no basta para impedir las consecuencias que se derivan de negar, sistemáticamente, a veces, el acceso y ejercicio de los derechos”, agregó el máximo representante del Poder Judicial.

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