MÉXICO, D.F. (apro).- El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, pidió a quienes “indebidamente” mantienen un plantón en la explanada de la Torre de Rectoría desalojar el espacio “de inmediato”, a fin de no complicar su situación jurídica, y les reiteró la negativa de la institución a reinstalarlos. González Pérez entregó al grupo de inconformes el documento dirigido a José Luis Ramírez Alcántara, Irene Pérez Villegas, Jorge Mario González y otros, en el que les recuerda que tienen denuncias penales pendientes en su contra por su participación en los hechos violentos registrados el 1 y 5 de febrero en instalaciones del CCH Naucalpan, que también dieron lugar a procedimientos disciplinarios que derivaron en su expulsión definitiva. También, abunda el documento, se presentó denuncia penal ante la PGR —averiguación previa PGR/DF/SZS-VI/1080/2013— por la participación de dos los aludidos “en la toma violenta de la Torre de Rectoría, ocurrida el 19 de abril de 2013, cuya devolución se dio hasta el 1 de mayo”. Con dichos antecedentes, advierte el abogado a los inconformes, su estancia en la explanada “sin duda, agrava su situación jurídica ante las instancias ministeriales, sobre todo en el caso de alguna reincidencia, por el antecedente penal de uno de ustedes”. Asimismo, refrendó la decisión de la institución de no reinstalados en la Universidad, “en virtud de la gravedad de los hechos y de que se han agotado las instancias de nuestro sistema disciplinario”. Respecto de la demanda de los jóvenes para que se retiren las denuncias penales en su contra, el abogado de la UNAM se limitó a decir que “se trata de procesos en curso en manos de las autoridades competentes”. El abogado también se refirió al caso de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, quien fue encontrado muerto el 26 de octubre de 2011. La UNAM refirió que “su lamentable homicidio” ocurrió cerca de su domicilio y que la universidad ha coadyuvado con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al dar respuesta a 23 requerimientos de información y documentación disponible y al atender las comparecencias respectivas. María de Lourdes Mejía, madre del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, reveló días después de la muerte de su hijo que había recibido amenazas por actividades políticas y que durante dos años se repartieron volantes dentro de la facultad donde lo señalaban como paramilitar. La oficina del abogado de la UNAM afirmó que desde el fallecimiento del joven se han celebrado cinco reuniones con autoridades responsables de la investigación, en tres de las cuales participaron los familiares y en dos de ellas intervinieron representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En dos ocasiones, añadió, autoridades y funcionarios de la UNAM se reunieron con familiares y se realizaron dos diligencias de inspección en instalaciones universitarias. “En otra diligencia respecto a dos personas detenidas en las inmediaciones de la universidad, estuvieron presentes familiares del occiso”, y en otra ocasión, mediante oficio, se brindó información a la madre del fallecido sobre el estado de la investigación. El abogado señaló que si los inconformes quieren más información “lo procedente es que se dirijan a la autoridad ministerial para que soliciten información acerca de las diversas líneas de investigación que estén en curso o que se hayan agotado”.