MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de siete años de litigio, el Instituto federal Electoral (IFE) procedió este lunes a la destrucción de las boletas de la polémica elección presidencial de 2006, que ganó el panista Felipe Calderón con una diferencia de apenas 0.58% de los votos. De acuerdo con el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, la destrucción de las más de mil 500 toneladas de material electoral, en una bodega del Estado de México, costará alrededor de 4 millones de pesos y durará poco más de un mes. Asimismo, detalló que el costo económico del almacenamiento de las boletas durante siete años superó los mil 300 millones de pesos, la mayor parte del cual corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable en su mayoría del resguardo militar de los materiales durante este largo proceso. En su edición 1921, con fecha 18 de agosto, la revista Proceso adelantó la destrucción de las boletas electorales, luego de que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) puso fin a la controversia sobre el acceso a la paquetería utilizada en los comicios de 2006. Al dar por hecho que se cumplieron escrupulosamente las reglas electorales, el organismo internacional avaló en los hechos el argumento de que debe protegerse al gobierno de la indiscreción informativa. El pasado 18 de julio, la ONU resolvió a favor del Estado mexicano la queja que presentó la revista Proceso como último recurso para conocer la manera en que se computó aquella elección, resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de Calderón con una diferencia de apenas 0.58% de los votos. La posición del organismo internacional fue notificada el 22 de agosto a Graciela Rodríguez Manzo, abogada del semanario y presidenta de Litiga, organización de defensa jurídica estratégica de derechos humanos. Desde el 28 de julio de 2006, cuando el resultado de la jornada del día 2 aún era una incertidumbre, el semanario solicitó el acceso a las boletas, incluidas las de los votos nulos y las sobrantes e inutilizadas, al amparo del derecho a la información previsto en la Constitución mexicana y en el derecho internacional. El Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demoraron dos años para negar el acceso e insistir en que lo único accesible eran las actas que reflejan el conteo de los votos. Su argumento común fue que no se trataba de un tema de acceso a la información, sino uno de índole estrictamente electoral, reservado a los partidos políticos, tal y como está previsto en el sistema mexicano, aunque desde un principio el IFE aludió a la seguridad del Estado. Agotadas las instancias nacionales, en abril de 2008 la revista presentó una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); alegó violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a las libertades de expresión y acceso a la información. El gobierno de Calderón emprendió un intenso cabildeo en Washington, la sede la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH. Además, incorporó como comisionado del organismo interamericano a José de Jesús Orozco Henríquez, precisamente uno de los magistrados que le dio el triunfo a Calderón en el TEPJF. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Orozco Henríquez afirmó que no intervino como comisionado de la CIDH en el caso, que fue considerado por el gobierno de Calderón como un asunto de seguridad nacional. La CIDH desechó la queja después de tres años y medio. La declaró “inadmisible” por las mismas razones esgrimidas por Calderón: las elecciones en México son transparentes, controladas por los ciudadanos y su información, una vez “procesada”, es accesible a través de las actas electorales. Aseguró que las elecciones mexicanas “están absolutamente ciudadanizados en todas sus etapas, sin injerencia alguna del gobierno”, y que “se rigen por los principios de máxima transparencia y publicidad”, por lo que dar acceso a la paquetería de la elección presidencial “contaminaría la información en bruto” utilizada para la elaboración de las actas. Inconforme, Proceso acudió en octubre de 2012 a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que mantuvo las medidas cautelares para evitar que el IFE dispusiera del material electoral, como había acordado ese mismo mes. Ya saliente y derrotado por el PRI en la elección presidencial, el gobierno de Calderón se inconformó con el recurso legal de la revista, a la que acusó de “abusar” del derecho de petición. Más aún, manifestó que la ONU no tenía jurisdicción para tratar un caso ya resuelto por la CIDH. En ninguno de esos argumentos la máxima instancia internacional le dio la razón. Los integrantes del Comité de Derechos Humanos decidieron admitir la demanda presentada por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, bajo la protección del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que México forma parte. Acudir a la ONU luego de la decisión de la CIDH “no constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones”, puesto que fue presentada dentro de los cinco años siguientes al agotamiento de los recursos internos y de los tres posteriores a la conclusión de otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. Pero en el tema de fondo el comité de la ONU le dio la razón al Estado mexicano. Sostuvo que en el caso del acceso a las boletas electorales no opera el artículo 19 del Pacto, referido a la libertad de expresión y que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole.