MÉXICO, D.F. (apro).- El Poder Legislativo acordó exigir información al gobierno federal sobre el enfrentamiento entre militares y grupos de autodefensas en la comunidad michoacana de Antúnez, ocurrido entre la noche del lunes 13 y la madrugada del pasado, en el que resultaron muertos dos comuneros y lesionada una niña de 11 años. A propuesta del PRD y con el respaldo de todos los partidos, la Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo en el que también se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue los hechos. El diputado perredista José Luis Esquivel Zalpa dio lectura al punto de acuerdo el cual, durante su discusión, provocó la aceptación del derecho que tienen los ciudadanos a defenderse cuando el Estado no es capaz de proporcionar seguridad y, aunque todos los partidos avalaron el argumento, cada uno lo hizo con diversos matices. Por ejemplo, PRI y PVEM acusaron a los gobiernos de PRD y PAN, quienes en los últimos 12 años estuvieron al frente de Michoacán y del gobierno federal, respectivamente, sin que hayan podido frenar la presencia del crimen organizado y violencia esa entidad. Incluso, señalaron vínculos entre autoridades y el crimen organizado. Ejemplo de ello, recordaron, fue cuando la fracción del PRD “metió en la cajuela de un auto” a un diputado federal perredista, acusado por el gobierno federal de estar coludido con el crimen organizado, para ingresarlo al recinto de San Lázaro y pudiera rendir protesta y así obtener el fuero que lo excluía de un juicio penal en lo inmediato. Por su parte, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks advirtió que Michoacán “no es Fuenteovejuna”, aludiendo a la obra teatral de Lope de Vega, en que el pueblo se hace justicia por propia mano. “Michoacán no es Fuenteovejuna, lo que necesita esa entidad es un estado de derecho, y ¿dónde está el gobierno municipal, dónde el gobierno del estado y dónde el federal? No podemos tener estados de excepción en este país”, planteó Romero Hicks. Antes, el panista exigió al gobierno aclarar lo que está ocurriendo con el doctor José Manuel Mireles, figura visible de las autodefensas y quien en días pasados fuera grabado en videos dando posiciones encontradas sobre el desarme de estos grupos. “Tuvo un aparente accidente y hasta ahora no se ha dado una explicación de lo que ha pasado; hay mucha confusión”, dijo. A su vez, el senador petista David Monreal y el diputado del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, consideraron que lo que está sucediendo en Michoacán es muestra del fracaso de la estrategia contra el crimen puesta en marcha por el gobierno panista de Felipe Calderón y seguida por el priista Enrique Peña Nieto. Mejía Berdeja advirtió que lo que sucede en Michoacán amenaza con colapsar al Estado mexicano, pues hay inseguridad tanto en Michoacán como en otras entidades del país. Y aunque aceptaron el derecho de los mexicanos a defenderse cuando hay ausencia de gobierno, ambos legisladores coincidieron en señalar que detrás de los grupos de autodefensas está la mano del colombiano Oscar Naranjo, asesor externo en materia de seguridad del gobierno federal. Los legisladores recordaron que, en Colombia, Naranjo fue el artífice de armar a grupos civiles y paramilitares para hacer frente al crimen organizado. Y en México, resaltaron, los grupos de autodefensa fueron tolerados y auspiciados por el Estado mexicano, y ahora tratan de frenarlos cuando ya tienen vida propia.