MÉXICO, D.F. (apro).- El nuevo comisionado para Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo, rechazó que su presencia en el estado, asediado por la delincuencia organizada, implique la desaparición de poderes. El gobernador Fausto Vallejo, abundó, juega un papel “fundamental” al aceptar la coordinación con el gobierno federal y ceder algunas funciones, entre ellas –“sin ánimos de enjuiciar a quienes están ahora”, dijo– la designación de quien tome las riendas de la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública estatal. "No es una decisión fácil ceder o delegar algunas funciones", señaló en entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS, y afirmó que para que todas las áreas relacionadas con temas de investigación estén alineadas, incidirá en elegir a quien tenga el perfil necesario. "Lo que estamos haciendo tal vez es incidir en lo que podría ser un perfil en específico por las necesidades del momento" y para que los nombramientos estén en sintonía con el gobierno federal, puntualizó. Miembro del círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto, como procurador de Justicia del Estado de México durante el escándalo de la niña Paulette y artífice como subprocurador del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, Castillo sostuvo que lo que se busca en Michoacán es revertir el “antiestado” y que la población vea al gobierno como su aliado. Respecto de sus funciones en la entidad, sin dar detalles afirmó que articulará, supervisará y coordinará todos los esfuerzos, programas, políticas y acciones del gobierno federal en beneficio de Michoacán. "Soy yo el conducto para poder sumar los esfuerzos (…) La idea es hacer una estrategia integral, no es sólo un tema de policías y ladrones, sino irnos a las causas (de la violencia) y atacarlas y tomar el control de los municipios afectados, buscar la reconstrucción de las instituciones", dijo. En cuanto al tiempo que permanecerá en la entidad, manifestó que ello dependerá de la actual administración, aunque recordó que en 2007 ya hubo un intento similar: fue la primera vez que la Policía Federal llegó a Michoacán y resultó exitoso, sin embargo, la institución no contaba con el mismo número de elementos, y al considerar que se había controlado la inseguridad fueron enviados a otros lugares, apuntó. Con ese antecedente, según Castillo, la idea ahora es no retirarse hasta que las autoridades de estado –que se enfrenta a la violencia y la expansión de los grupos de autodefensa– tengan la capacidad de control. El funcionario confirmó que vivirá en Michoacán, aunque aún no tiene definido dónde establecerá su oficina, y agregó que a la par de trabajar para garantizar la seguridad, se ocupará de la reactivación de la economía paralizada por la violencia. También se ocupará de la ampliación de infraestructura, mejoras en los servicios de salud, zonas de desarrollo... “todos estos puntos sumados nos van a permitir cambiar el rostro de lo que se está viviendo ahorita en Michoacán”, expresó, y reiteró que ello no implica una sustitución de facto de la labor del gobernador Fausto Vallejo. Explicó que Vallejo prácticamente se convierte en representante de todas las dependencias federales, “ante la imposibilidad de que todos estén todos los días en Michoacán”. --¿Estamos frente a una desaparición de poderes de facto con tu llegada?--, le preguntó Aristegui. --No... esa situación te llevaría a convocar un tema de elecciones en los próximos tres meses, realmente no tendrías las condiciones para hacerlo, aparte de la crisis que podría generar... el gobierno estatal tiene funciones, presupuesto, acciones, licitaciones, que no podría llegar y coartarlas. “Todo lo que tiene que ver con una competencia federal pasa por las manos de esta comisión, pero también es importante acercarle al gobernador esta instancia. Tenemos competencias concurrentes, aquí se trata de fortalecer al estado, y el gobernador juega un papel fundamental”, subrayó. Durante la entrevista, Castillo consideró que es posible que las autodefensas se conviertan en un grupo delictivo como en su momento lo fue La Familia Michoacana. Al principio, argumentó, el grupo delictivo se presentó como el “salvador” de la sociedad al enfrentar a los cárteles rivales. Si bien los grupos de autodefensas en Michoacán iniciaron como un movimiento “genuino”, debido a la violencia con la que operan grupos del crimen organizado, podría distorsionarse cuando busquen abarcar más y más lugares para brindar seguridad, advirtió. En sus inicios, relató, La Familia estaba integrada por exmilitares reclutados por el narcotráfico para expulsar a Los Zetas. “Estos jóvenes fueron capacitados, adoctrinados por Nazario Moreno, que tenía un reconocimiento social muy bueno. En aquél momento él hizo trabajo en centros de adicciones (…). Para que Los Zetas no volvieran a entrar a Michoacán, este grupo buscó expandirse a los estados vecinos, como Estado de México y Guanajuato, para hacer más difícil la entrada de Los Zetas. “El foco rojo es que a medida que crecían estas organizaciones, la Policía Federal era insuficiente, necesitaba crecer y comenzaron a reclutar gente no capacitada e incluso delincuentes”, comparó. Asimismo, reconoció que hay desconfianza de las comunidades de Michoacán hacia la Policía. “La gente no dice ‘ahí viene la Policía, la gente dice: ahí viene el gobierno’. Hoy necesitamos revertir esta situación. Necesitamos que vean el apoyo federal como ‘aliado’”, enfatizó.