MONTERREY, N.L., (proceso.com.mx).- Organismos defensores de los derechos humanos deploraron la actuación de las autoridades mexicanas que, por indolencia, no evitaron que el connacional Édgar Tamayo fuera ejecutado el miércoles en la prisión de Huntsville, Texas, por haber asesinado a un policía norteamericano hace 20 años. Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), consideró que debe ser revisada la actuación de los representantes consulares mexicanos que solicitaron a destiempo clemencia para el compatriota ante las autoridades de Estados Unidos. “El gobierno mexicano no actuó con la debida anticipación. Tamayo daba recientemente un comentario donde decía que el gobierno había sido omiso a su petición de ayuda. Valdría la pena que se revisara un poco la actuación de los funcionarios a los que se hace mención y si hay responsabilidad, que haya una sanción”, dijo. Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de Estados Unidos que repusiera el proceso judicial en contra de Tamayo Arias, de 46 años, pues no fueron cubiertos en el juicio los protocolos para informar al gobierno de México la situación del acusado. Tamayo fue a la corte, dijo Morales Elizondo, en una situación de desventaja, pues fue juzgado por todo el Estado norteamericano y él no pudo defenderse. “Lo más grave de todo es que cuando se cumple la sentencia el daño es irreparable. Una vez que el Estado mata a alguien, aunque se dé cuenta que se equivocó, no se puede reparar. Por eso nos parece inaceptable que el gobierno de Estados Unidos desoyera el clamor internacional, que pedía que el caso fuera revisado y que, en tanto, esperara”, señaló la activista radicada en Monterrey. Por separado, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Cdhnl), lamentó que los diplomáticos mexicanos tengan como misión prioritaria mantener en buena forma la imagen del presidente Enrique Peña Nieto en el exterior, por lo que el tema de los derechos humanos es, para ellos, secundario. El gobierno federal no demostró activismo genuino para impedir la muerte del morelense, abundó. “Todo el aparato consular de la secretaria de Relaciones Exteriores no tiene como prioridad ayudar a los mexicanos en problemas judiciales. Lo que les preocupa es hablar bien de la imagen del presidente en turno. Hace unas semanas el presidente Peña Nieto se reunió con gobernadores y cónsules y no le dedicaron ni un espacio al asunto de Tamayo. El mensaje del presidente fue que hablaran bien de los logros del gobierno y las reformas aprobadas. Ni un renglón se dijo de los derechos humanos”, dijo el activista tamaulipeco. Consideró que la ejecución fue un acto de barbarie y morboso, pues Tamayo tenía 20 años sentenciado a muerte y aún después de haber cumplido esta sentencia en prisión, fue finalmente ejecutado por un sistema judicial que reprime a las minorías, pero no castiga por igual a los policías que maltratan y matan a los mexicanos. Édgar Tamayo Arias, originario de Morelos, asesinó el 31 de enero de 1994 al policía Guy P. Gaddis, cuando el agente procedió a arrestarlo tras asaltar a un ciudadano norteamericano, en Houston, Texas. El 1 de noviembre de ese mismo año, la corte lo sentenció a parecer por el método de inyección letal. En reportes de prensa reciente se publicó que Tamayo envió el 7 de enero una carta a Pablo Castro Zavala, presidente de la Confederación de Asociaciones y Clubes de Morelenses en EU, en la que se quejó de las desatenciones que tuvieron a su persona representantes consulares en Estados Unidos a los que les solicitó auxilio. El miércoles, minutos antes de que ocurriera la ejecución programada para las 18 horas, los abogados de Tamayo consiguieron que el juez suspendiera el procedimiento letal al aceptar un recurso de apelación. Sin embargo, horas después el mismo juzgador desechó el recurso y a las 21:15 horas el mexicano fue privado de la vida por el estado texano.