MEXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, anunció que buscará a las familias de las 72 víctimas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, que interpusieron una demanda de amparo contra la recomendación que emitió el organismo al respecto. Notablemente molesto, Plascencia consideró que la inconformidad de los familiares de las víctimas por no haber tomado las declaraciones de todos los afectados, entre otros, son “puntos de vista, opiniones”, y que se buscará a los familiares para indagar “si queda algún pendiente, y lo vamos a enmendar sin ningún problema”, ofreció. Abordado al término de su participación en la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el ombudsman dijo que no busca “enfrascarse en ningún tipo de litigio, mucho menos con las víctimas”. También sostuvo que el trabajo del organismo público es llegar a la “verdad de las cosas”, y admitió que “hay algunos a los que no les gusta la manera en que se resuelven los casos, pero ella está apegada al respeto a los derechos humanos”. Proceso aborda en su edición 1943, actualmente en circulación, la recomendación 80/2013, dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y el gobierno de Tamaulipas, y la inconformidad de los familiares de los 72 masacrados en San Fernando, en agosto de 2010. Este lunes 27, el ombudsman también celebró la detención del líder de los Caballeros Templarios, Dionisio Loya Plancarte, El Tío, así como los acuerdos alcanzados para integrar a los integrantes de los grupos de autodefensas en corporaciones policiacas. Plascencia Villanueva, quien admitió demoras en la investigación para emitir una recomendación sobre las autodefensas en Michoacán, dijo en entrevista con reporteros que la detención de Loya Plancarte “es un magnifico resultado”, y que espera que continúen ese tipo de anuncios, debido a que “uno de los reclamos de los pueblos de Michoacán, y específicamente en Tierra Caliente, era la impunidad con la cual estaba operando este grupo de delincuentes y en donde parecía hasta este momento que no había autoridad”. Enseguida consideró que el acuerdo de legalización de las autodefensas permitirá distinguir entre personas armadas por “una causa justa, una causa lícita acorde a los parámetros de la Constitución, y la delincuencia”, y que ese reconocimiento “pueda abonar a la solución de la problemática que hoy existe”. Sobre las indagatorias para determinar la responsabilidad de miembros del Ejército en la muerte de civiles desarmados en Antúnez, Michoacán, Plascencia Villanueva dijo que se entrevistó con dos familias de víctimas y que solicitó informes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por esos hechos. En cuanto a la recomendación que está elaborando la CNDH sobre las autodefensas en Michoacán, reconoció demoras atribuibles al despliegue de personal del organismo en la entidad, así como a complicaciones del “panorama”, como el crecimiento de los grupos civiles armados, lo que ha imposibilitado a los visitadores llegar a una docena de municipios de la treintena en la que estarían asentados las autodefensas. También explicó que, con el informe de las guardias comunitarias en Michoacán, la CNDH cerraría las investigaciones sobre este fenómeno en el país, dado que de los 11 estados donde se crearon, “sólo en Guerrero y Michoacán se han ido fortaleciendo y extendiéndose y asumiendo cada vez un papel, un rol mucho mayor”. En el resto de las entidades, acotó, sólo se han registrado “brotes, se ha tomado justicia por propia mano, se han cometido linchamientos o han surgido desaparecido esos movimientos”. Plascencia Villanueva aceptó que fue el vacío de poder lo que detonó que en Michoacán “pueblos completos se levantaran en términos de autodefensa”, situación que “es muy explicable en la medida en que el índice de delincuencia de inseguridad continué como está ahora”.