MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno mexicano tiene sólo 2% de efectividad en el combate contra la trata de personas: de 846 víctimas atendidas por las autoridades estatales en los últimos tres años, sólo hubo 275 detenciones y 17 sentencias condenatorias, según el informe titulado “Estadística sobre la Eficiencia en el Combate a la Trata de Personas en México 2010-2013?. Elaborado por la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), con base en información pública obtenida de cada entidad y del gobierno federal, el reporte presentado hoy asegura que de las 283 averiguaciones abiertas sólo se han resuelto 10 por trata de personas. El documento refuerza el señalamiento al retomar las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el sentido de que de 2009 al primer trimestre del 2013 se iniciaron mil 101 averiguaciones previas en México. De éstas, 454 -poco menos que 50%- derivaron en una consignación ante un juez y sólo 93 concluyeron sentencia condenatoria. Tales estadísticas se cuentan sin considerar las llamadas “cifras negras” de los casos que no se denuncian porque las víctimas no se reconocen como tal, se sienten culpables, desconfían de las autoridades o creen que van a ser discriminadas por su nacionalidad, condición migratoria, creencias, género u otra condición, según el reporte. La investigación también arroja que, de acuerdo con la información obtenida de la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales, la trata de personas afecta principalmente a mujeres jóvenes que son explotadas sexualmente a través de engaños. Se trata, en su mayoría, de víctimas menores de edad, solteras, mexicanas y sometidas. Esta situación, dice el reporte, motiva y permite la existencia de negocios llamados table dance y de centros nocturnos donde las mujeres son explotadas. De hecho, ejemplifica con el operativo que la policía del Distrito Federal hizo en el bar Cadillac, a finales de junio de 2013, de donde fueron rescatadas 46 mujeres, algunas bailarinas nudistas y extranjeras, presuntamente víctimas de este delito. El informe explica que por su posición geográfica, México es considerado país de origen, tránsito y destino de este delito. Agrega que “la trata se deriva de problemas como violencia de género, impunidad, problemas de inseguridad en el país, el deterioro en las condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres, las niñas y los niños”. También influye el fortalecimiento de la delincuencia organizada y la ubicación del país. También argumenta que este fenómeno se genera “la apatía o indiferencia de la sociedad debido al hartazgo por la falta de resultados, temor hacia los grupos delictivos, ignorancia sobre los procedimientos legales o de las capacidades y responsabilidades cívicas, desconfianza hacia las autoridades e incluso, hasta el desconocimiento de que se está cometiendo un delito”. Opacidad y falta de políticas públicas El reporte de la ONC se realizó con base en información pública obtenida mediante solicitudes de acceso a la información. De ahí se deriva que “México tiene un grave problema no sólo para combatir, prevenir y erradicar la trata de personas, sino para generar las estadísticas necesarias para un diagnóstico confiable”. La experiencia de búsqueda durante su desarrollo arroja que el gobierno mexicano “carece de un sistema de seguimiento, información y construcción de estadísticas para tener la descripción precisa del fenómeno”, aunque destaca que el hecho de que en sus portales haya información sobre el tema significa que tuvieron que reconocer el tema. El informe destaca dos situaciones lamentables. La primera es que estados como Aguascalientes y Tlaxcala negaron cualquier información por ser “de acceso restringido”, cuando esta última identidad es señalada como punto donde más se genera el engaño de mujeres para llevarlas a otros estados y explotarlas. Del mismo modo, se refiere a “el lamentable el resultado obtenido dentro del ejercicio de acceso a la información pública” de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal frente al “combate frontal” que se refleja en los medios de comunicación. Por tal motivo, la ONC asegura que “el acceso a la información pública dista mucho de ser un derecho en el país, por eso no se puede hacer un diagnóstico puntual sobre el fenómeno… La pregunta obligada es si el acceso a la información es tan difícil, cómo será el acceso a la justicia”. En sus conclusiones, el documento acusa la “urgente necesidad de aplicar y armonizar los lineamientos de las leyes; prestar minuciosa atención a las recomendaciones de los organizaciones especializadas en trata de personas y en la defensa de los derechos humanos; así como la importancia de la capacitación y sensibilización sobre este fenómeno”. Y remata al recordar que el 31 de enero vence el plazo de 90 días para que la Comisión Intersecretarial, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos modifique su reglamento interno y cree la página web con la base de datos para dar seguimiento al Programa nacional en la materia. En esta comisión participan la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración.