MÉXICO, D.F. (apro).- Los promotores de la ‘megamarcha’ del viernes 31 que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, anticiparon que agotarán los recursos legales y políticos para revocar las reformas estructurales neoliberales aprobadas en los últimos días de 2012 y durante todo 2013, entre ellas la reforma energética. En rueda de prensa, representantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, del Consejo de Organismos Rurales y Pesqueros (Conor), del STUAM y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), así como del senador perredista Luis Sánchez, indicaron que para cumplir con este propósito “hemos dejado en segundo plano las diferencias de diversa índole que nos separan, para colocar al frente el interés superior de nuestra nación, hoy en día amenazada por la inminente aplicación de ordenamientos que destruyen la soberanía de nuestro país, agudizando la subordinación del mismo ante los intereses de las grandes corporaciones globales”. En el pronunciamiento, denominado Compromiso unitario por un nuevo pacto social, las organizaciones campesinas y sindicatos advierten que “con estas iniciativas neoliberales y la consolidación de las asociaciones público privadas, modalidad actual de las privatizaciones, se cierra el ciclo de inserción subordinada al mercado estadunidense, iniciado con el Tratado de Libre Comercio (TLC) hace veinte años. “Denunciamos que dichas reformas se han llevado a cabo en medio de un profundo desaseo parlamentario y sin considerar la opinión de millones de ciudadanos de nuestro país. Estos hechos cuestionan la legitimidad y la legalidad de tales disposiciones, a todas luces injustas y contrarias al interés de la nación”. La reforma energética, alertan, crea un nuevo e incontrolable poder de facto encarnado por las grandes compañías transnacionales del petróleo. “En este contexto y ante la magnitud del reto que enfrentamos, en pleno derecho de nuestros derechos cívicos fundamentales, consideramos pasar a una etapa superior en la lucha que incluya acciones como los paros cívicos, las huelgas e incluso la desobediencia civil”. Los promotores también admitieron que la denuncia, la resistencia y la oposición al gobierno ya no es suficiente, sino que son necesarias nuevas formas de lucha, incluyendo la elaboración de un Proyecto de Nación para redefinir el futuro del país fortaleciendo el sentido social que cercenan las reformas neoliberales. Parte del plan de acción, explicaron, es reforzar las jornadas de protesta del 18 de marzo, día de la expropiación petrolera; del 20 de noviembre, el inicio de la primera revolución del siglo XX; el 10 de abril, día que asesinaron a Emiliano Zapata, y el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, “fechas que los tecnócratas quisieran olvidar”. También advirtieron que seguirán el trabajo legislativo sobre las leyes secundarias de la reforma energética que se pretenden aprobar en el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, a iniciarse el 1 de febrero. Además, proseguirán juntando firmas para exigir la consulta ciudadana sobre la reforma energética para el 2015 e impulsarán campañas informativas en barrios, escuelas y centros de trabajo para convencer a la población que las reformas no son bondadosas como se asegura en la televisión. También adelantaron su repudio a la reforma al campo anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto, “la cual sin la participación de hombres y mujeres del campo terminará por ser otra reforma excluyente y proempresarial”. Con esta jornada nacional de lucha “damos muestra de unidad política para acreditar el amplio rechazo de mujeres y hombres de nuestra nación ante la entrega de nuestros recursos e industrias estratégicas a los grandes empresarios, los consorcios trasnacionales y los gobiernos extranjeros, así como ante las políticas que agudizan la marginación, la desigualdad y la pobreza”.