Arranca juicio penal contra militares por violación de indígenas

jueves, 9 de enero de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T) demandó al Poder Judicial de la Federación emitir una sentencia con “celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad” en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, indígenas abusadas sexualmente por militares hace 12 años. Al confirmar el arranque del juicio penal en el ámbito civil contra cuatro militares presuntamente responsables de violación sexual, tortura, abuso de autoridad, entre otros delitos cometidos contra las indígenas, la organización emplazó al Poder Judicial Federal a hacer valer el reconocimiento que recientemente le hizo la ONU por su labor a favor de los derechos humanos. En un comunicado difundido en su página de Internet, Tlachinollan consideró que “casos como los de ambas mujeres ponen a prueba el reconocimiento que recientemente brindó el Sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues éste debe refrendarse en la actuación concreta que los juzgados federales conocen de casos emblemáticos como los de Inés y Valentina”. El CDHM-T consideró “un triunfo emblemático para todas las mujeres que, pese a todos los obstáculos y adversidades, alzan su voz y denuncian la violencia”, al recordar que fue la búsqueda de justicia emprendida por Valentina e Inés desde 2002, cuando fueron violentadas, la que las llevó a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), instancia que obligó a Estado mexicano a reencauzar las investigaciones que estaban cerradas y en poder de la Procuraduría General de Justicia Militar. Como resultado de la sentencia internacional, emitida en 2010, recordó la organización, “tras un largo proceso” los expedientes en manos del fuero militar fueron enviados en 2011 a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR). Tlachinollan reconoció que “la renovación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR y el compromiso personal de su titular (Ricardo García Cervantes) con el avance de los casos, así como el trabajo técnico de la fiscal (Nelly Montealegre Díaz) y del personal de la Fevimtra, contribuyeron de forma determinante a que se revirtiera la deficiente actuación del Ministerio Público Militar, de suerte que a finales de 2013 se ejercitó acción penal contra los integrantes del Ejército que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú identificaron como sus agresores”. Cada una de las indígenas identificó a dos personas como quienes las agredieron y torturaron sexualmente en 2002, hechos que denunciaron en su momento en las instancias civiles correspondientes pero no fueron atendidos sus reclamos. En octubre del año pasado, agregó Tlachinollan, jueces federales liberaron las órdenes de aprehensión, mismas que se acataron en diciembre pasado en contra de cuatro militares que se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, la organización evitó dar detalles sobre los implicados detenidos en diciembre pasado “para no obstaculizar los procesos y para salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados”. Tlachinollan consideró que con el procesamiento de los militares presuntamente involucrados en los abusos, la Fevimtra “ha cumplido con creces y notoria efectividad las obligaciones impuestas al Estado mexicano” por la CoIDH, y ahora corresponde al Poder Judicial de la Federación cumplir su papel. “Sin menoscabo del más estricto respeto a los derechos de los procesados, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú debe impartirse justicia con celeridad, eficacia e incorporando las perspectivas de género y etnicidad”, señaló la organización. Tras señalar que el Poder Judicial de la Federación debe demostrar con hechos el reconocimiento que hizo la ONU a la SCJN, Tlachinollan resaltó en el documento que la búsqueda de justicia significó para Inés y Valentina haber sido víctimas de amenazas, por lo que demandó a las autoridades “se garantice la seguridad e integridad de ambas mujeres, sus familiares y representantes”.

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