MÉXICO, D.F. (apro).- Los promotores del juicio político contra el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, denunciaron las razones de la medida ante los miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) que sesionan en México. En una carta enviada a los integrantes de la FIO –de la que, por cierto, Plascencia Villanueva fue electo presidente para el periodo 2013-2015– 135 firmantes expusieron hechos que hacen “patente la falta de defensa de los derechos humanos y protección de las víctimas” en la gestión de Plascencia Villanueva al frente de la CNDH. Al señalar que la conducción de Plascencia ha sumido al organismo público en “una situación de descrédito” y una franca distancia con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, los impulsores de la campaña #NoMasComPlascencia sostuvieron que el actual ombudsman no tiene el perfil para continuar al frente de la CNDH por lo que no sólo piden que no sea reelecto, sino que se le inicie un juicio político. Tras apuntar que no pretenden impulsar a candidato alguno –como en días pasados acusó Plascencia cuando se presentó la solicitud de juicio político en la Cámara Diputados–, los miembros del Comité Ciudadano para la Recuperación de la CNDH explicaron a los defensores del pueblo de 20 países de Iberoamérica situaciones que probarían que el titular del organismo público no cumple con su mandato, por lo que no debería ser reelecto para un segundo periodo de cinco años. Los firmantes señalaron que están “inconformes y agraviados por el papel que ha desempeñado el doctor Raúl Plascencia Villanueva, persona que (…) no es idónea para continuar presidiendo la CNDH y quien al mismo tiempo se ha aprovechado de la institución a favor de sus propios intereses particulares o bien para proteger interés de terceros y de autoridades que atropellan derechos humanos, que nada tienen que ver con la protección de los derechos humanos de las víctimas”. Atribuyeron a las “gravísimas omisiones de la CNDH frente a la impunidad”, casos como la ejecución extrajudicial de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos de militares, así como los asesinatos por parte de la policía municipal en Iguala, Guerrero, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas tres estudiantes, mientras se desconoce el paradero de decenas de jóvenes. Agregaron que la gravedad de los “abusos de servidores públicos, desapariciones forzadas, extorsiones por parte de algunas autoridades, homicidios e incluso ejecuciones extrajudiciales”, ha sido documentada por organismos civiles de derechos humanos nacionales e internacionales a través de denuncias presentadas por las víctimas. La crisis humanitaria, advirtieron, ha sido documentada por organizaciones como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organismos internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), Washington Office on Latin America (WOLA), “entre otras que han denunciado en el ámbito local e internacional y mostrado sus preocupaciones por la grave situación de violaciones a derechos humanos que se vive en México desde hace varios años y recrudecida en los últimos meses”. Agregaron que muchas víctimas han recurrido a la CIDH ante el abandono y recordaron que la CNDH “se encuentra litigando casos contra las propias víctimas, como es el caso de la masacre de 72 personas en San Fernando, estado de Tamaulipas”. Los integrantes del Comité Ciudadano explicaron a los ombudsman que su intención es que el Senado de la República asuma “con honestidad” el rescate de la CNDH para que se apegue a su mandato constitucional y los tratados internacionales, “poniendo por encima de todo, el interés superior de proteger los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”. Para ello, añadieron, es necesario que el Senado asegure “que el proceso de registro, evaluación y designación del presidente de la CNDH a partir del 15 de noviembre de 2014, por cinco años, se realice en un clima de absoluto respeto a la legalidad y transparencia, a fin de que sea elegido quien resulte el más idóneo por sus conocimientos en materia de derechos humanos, su probidad e independencia de las instancias de poder político y su sensibilidad, sencillez y empatía con las víctimas”. La carta fue firmada por 17 defensores y 68 organizaciones civiles, entre ellos Sergio Aguayo, Rocío Culebro, Alberto Athié, Eduardo Gallo, Javier Sicilia y Alejandro Solalinde; así como los centros de derechos humanos de Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Morelos, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Puebla, Colima, Hidalgo. Querétaro, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí, y Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad de Montreal, Canadá.