MÉXICO, D.F. (apro).- La titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martínez, dijo que identificó un caso de colusión entre una de las más importantes cadenas comerciales y un productor michoacano de limón, quienes acordaron subir el precio del cítrico en los primeros meses del año. Al participar en el seminario Diálogos sobre el mercado agroalimentario, la titular de la Profeco se reservó los nombres de los involucrados en el delito, debido a que la investigación se encuentra en proceso por parte de la PGR, acotó. Sin embargo, Martínez señaló que “estamos muy al pendiente de que se continúe, porque para nosotros es muy importante sentar un precedente de una práctica comercial desleal, en donde por el peso específico que se tiene en la distribución de un producto, marcas una tendencia de precios, pues me parece que es una afectación al consumidor”. En enero y febrero pasados el costo del limón se disparó más de 60% ante la presencia de plagas y el cobro de “derecho de piso” a los productores de Michoacán, por parte de bandas criminales, impactando sobre la inflación que, en ese bimestre, registró niveles superiores a 4%. De acuerdo con la Profeco, la presunta complicidad entre el productor y la cadena comercial “les dejaba un lucro de más de 100%” ya que mientras el resto de los productores, en plena alza, vendían el cítrico a 22 pesos el kilogramo en promedio a los comercializadores, el productor en cuestión lo vendía a 40 pesos a la cadena comercial, para que ésta lo ofreciera en 50 pesos al público. “El Código Penal es muy claro en el artículo 253, en donde dice que en aquellos casos donde se identifique un lucro indebido en la comercialización de un producto, se comete un delito contra la economía nacional. Esto está tipificado como delito y es motivo, incluso, de pérdida de la libertad”, subrayó. La funcionaria destacó que la responsabilidad es tanto del productor como de la cadena comercial en cuestión, porque se identificaron omisiones en la facturación. Lorena Martínez explicó que la institución a su cargo presentó el 2 de abril ante la PGR una denuncia por este caso en contra de quien resultara responsable de hechos constitutivos de delitos en contra de la economía nacional. Actualmente, abundó, el proceso sigue y está en manos de la PGR, ya que la Profeco carece de instrumentos jurídicos para sancionar este tipo de delitos. Sin embargo, no es la primera vez que ocurren este tipo de maniobras. El año pasado sucedió con Industrias Bachoco, que fue sancionada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por este tipo de prácticas desleales. Bachoco, dedicada a la producción y distribución de huevo y productos avícolas, fue multada junto con la empresa Pollo Industrializado por colusión y hacer declaraciones falsas ante la Cofece. “Los comercializadores de pollo se reunieron para acordar los precios de venta. Los representantes de Industrias Bachoco y Pollo Industrializado de México participaron en la elaboración de dichas prácticas, suscribiendo el acuerdo entre los comercializadores”, detalló el órgano regulador en esa ocasión.