MÉXICO, D.F. (apro).- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD adelantó que en las próximas 48 horas se reunirá con sus homólogos de PRI y PAN para analizar medidas de respuesta ante casos de inseguridad, principalmente por los hechos violentos registrados en Iguala, Guerrero, luego de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. En entrevista, Carlos Navarrete, líder nacional del PRD, anunció el impulso de una iniciativa para crear una comisión de combate a la infiltración de la delincuencia organizada en la política. “No queremos mencionar nombres de integrantes de la comisión hasta no invitarlos y ver qué respuesta tenemos de ellos, pero esperamos en algunos días, quizá la semana próxima, poder tener la respuesta de algunos de ellos”, indicó. Respecto del porqué el PRD no se deslinda del gobernador Ángel Aguirre, Navarrete ya no dio en esta ocasión su espaldarazo al guerrerense y, por el contrario, advirtió que no se protegerá a ningún gobierno de ningún signo partidario. “El PRD pone su énfasis en las demandas de localización de los jóvenes, investigación de los acontecimientos y fincamiento de responsabilidades a los que tengan responsabilidad, sea de cualquier nivel estatal y municipal y sean de cualquier signo político. Por lo tanto se los expreso nuevamente con claridad, no protegeremos a nadie y deberemos a esperar que la investigación concluya y, si de la investigación se derivan responsabilidades, seremos los primeros en exigir que se aplique, que se ejecute, sin protección de ninguna naturaleza”, añadió. En cuanto al “blindaje” de futuros candidatos para las elecciones de 2015, comentó que el gobierno de la República “tiene un mapa de riesgos, muy sofisticado, con la información del Cisen, de Gobernación, de la PGR, de la Marina y del Ejército, tiene cuerpos especializados de investigación donde hay mapas de riesgos, territoriales, sectoriales y de muy diverso tipo. “Nosotros quisiéramos que en el mapa de riesgos el Estado mexicano, con todos los instrumentos que tiene, también localizara un mecanismo de investigación y de localización de los aspirantes a cargos de elección popular de todos los partidos, para determinar si hay indicios, señalamientos, versiones o información precisa sobre patrimonio, vínculos familiares, antecedentes de negocios, fortunas súbitas o modos de vida evidentes que demuestren que un aspirante a un cargo de elección popular, de cualquier partido, puede tener una vinculación indebida con la delincuencia”, apuntó. Por eso, abundó, el PRD solicitará “al Estado mexicano y a sus instrumentos legales una investigación profunda de los candidatos a cargos de elección popular. De manera particular en las zonas en donde la delincuencia actúa con mayor intensidad: Tamaulipas, Durango, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Baja California y Sinaloa. “Hay zonas que el gobierno mexicano, con sus aparatos de seguridad, tiene muy focalizados y se van perdiendo, necesitamos que haya una actuación enérgica para frenar el riesgo de una vinculación y de una penetración rumbo al 2015 en la elección federal”, señaló. En cuanto a los funcionarios activos de los 350 gobiernos estatales, locales y municipales que son perredistas, el Comité Ejecutivo Nacional aprobó iniciar un mecanismo de evaluación y seguimiento. “El primer paso lo tenemos que dar nosotros, con los gobiernos en funciones en este momento; si localizáramos indicios de los que he mencionado, deberemos informarlo a los aparatos de seguridad para una investigación mucho más profunda. El PRD iniciará con sus propios gobiernos, todos”, ofreció. En la declaración del CEN perredista, se señaló que México vive una crisis de inseguridad en muchas partes del país y, después de dos años de gobierno federal priista, ha quedado en evidencia que las políticas aplicadas han sido insuficientes para enfrentar este clima. También criticó el haber sacado de las primeras planas de los noticiarios radiofónicos y televisivos las cifras de muertos diariamente, que fue lo que ocurrió desde el 1 de diciembre del 2012 a la fecha, porque no fue suficientemente para parar esta oleada de violencia criminal que azota en varias entidades de la República. En el posicionamiento, leído por la secretaria de Difusión, Comunicación y Propaganda del PRD, Amalia García, el PRD ratificó su solidaridad y compromiso con todos los familiares de los asesinados y desaparecidos, así como con la comunidad normalista y todos aquellos que están en busca de justicia. “Ante la gravísima crisis de seguridad que golpea al país, el PRD acordó impulsar una iniciativa para que formalmente se conforme una comisión, integrada por personas destacadas en la defensa de los derechos humanos; especialistas y académicos en materia de combate al crimen organizado y personalidades reconocidas por su gran solvencia moral para la elaboración de propuestas sólidas y viables que aporten, entre otras cosas, herramientas para combatir el grave fenómeno de la infiltración de la delincuencia organizada en la política, especialmente en la parte más frágil que son los gobiernos municipales”, apuntó. Además, destacó que harán lo necesario para que esa comisión trabaje “con nuestro respeto pleno y en absoluta libertad, con todas las herramientas para llevar a cabo sus trabajos; comprometiéndose el PRD a hacer propias las propuestas que de este grupo se deriven. “Estamos ante un deterioro del tejido social y de instituciones, proceso que ha cimbrado al Estado mexicano. Por ello es urgente convocar a una iniciativa compartida de todos los actores políticos nacionales contra la infiltración del crimen organizado en sus filas. “Reiteramos que la invitación del PRD a dichas personalidades es con nuestro compromiso público y formal de hacer vinculantes sus recomendaciones al interior del PRD, abarcando a candidatos, militantes, alcaldes, legisladores y gobernantes. “Es nuestra determinación dar testimonios precisos y específicos de nuestra decisión de emprender un camino sólido y responsable para atender nuestras obligaciones ante la tragedia que se vive a partir de lo sucedido en Iguala, y la tragedia que ha estado lastimando a miles de mexicanos y que sacude el país en los últimos tiempos”. Por ello, agregó, “el CEN estará atento al curso legal y político de la propuesta que dio a conocer el gobernador de Guerrero respecto de una consulta de revocación de su mandato, expresando que de darse ésta, se debe asumir irrestrictamente el resultado de la misma. “Sin embargo, con o sin revocación de mandato, reiteramos que debe existir castigo a los autores materiales e intelectuales, independientemente de quiénes se trate, de rangos o cargos políticos, porque no puede admitirse en absoluto impunidad en hechos tan graves como los sucedidos”, se alertó en el documento.