MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, puso en duda la eficacia de las políticas públicas en materia de seguridad del gobierno peñista tras los casos Tlatlaya e Iguala. “Si bien este gobierno venía trabajando sobre el tema de política pública, me parece que el caso Tlatlaya y el caso Iguala pone una discusión muy severa, un corchete de veracidad, sobre la política pública y la eficacia de la política pública”, aseguró en conferencia desde Washington, Estados Unidos. El representante del organismo interamericano destacó contradicciones en el gobierno federal: “Tienes por un lado una reforma constitucional que se convierte en una piedra angular del modelo legal, pero tienes por otro lado una práctica institucional que va en contrasentido de lo que dice la reforma constitucional y las políticas públicas”, dijo. Además, cuestionó la implementación de la política pública en el contexto de denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales a manos del Ejército y la presunta participación de policías municipales en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Dijo que éste es un caso es desaparición forzada que involucra al Estado mexicano, por lo que urgió a resolverlo pronto pues “mientras más pase el tiempo, más grave es”. Y añadió: “Tienen que revisarse cuáles son los mecanismos que no están funcionando”. Así lo dijo Álvarez Icaza luego de presentar el calendario de audiencias de la CIDH a realizarse en Washington del 27 al 31 de octubre próximos. El lunes pasado, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, y Rosa María Ortiz, ambos miembros de la CIDH, se reunieron con autoridades del gobierno federal y dos organizaciones que solicitaron la acción del organismo internacional en apoyo a los padres de dos de los jóvenes desaparecidos. El viernes 10 de octubre, la CIDH expresó su “profunda preocupación” por el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala e hizo un “llamado urgente” al Estado mexicano, para localizar a los estudiantes, proteger la vida e integridad de los sobrevivientes, sus familiares y representantes, investigar los delitos de manera pronta, diligente e imparcial y adoptar las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro.