MÉXICO, D.F. (apro).- Sin fuero y sin la protección de la justicia federal, el alcalde destituido de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez se encuentra a merced de las autoridades federales que lo buscan por su presuntos vínculos con el grupo criminal de los Guerreros Unidos y por la desaparición de los 34 normalistas de Ayotzinapa. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la ciudad de México dejó este viernes sin efecto la suspensión provisional otorgada al exalcalde por no haber cubierto la garantía impuesta un monto de 35 mil pesos. Abarca Velázquez promovió el juicio de amparo el 6 de octubre y tres días después un juez le concedió la suspensión provisional contra actos de la autoridad local no federal, como aclaró en su momento el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien lo considera una pieza central en el rompecabezas del caso Ayotzinapa. De acuerdo con el órgano jurisdiccional, la medida que evitaba que Abarca fuera detenido por la comisión de delitos no graves dejó de surtir efecto 11 días después de que solicitó el amparo de la justicia federal en contra de actos de diversas autoridades estatales, federales y judiciales. Horas antes de esa resolución, diputados locales del Congreso de Guerrero aprobaron el juicio de revocación de mandato al alcalde con licencia. Durante la sesión extraordinaria del Congreso local, los legisladores que integran la Comisión Instructora, encabezada por la diputada Laura Arizmendi Campos, dieron lectura al dictamen de resolución de juicio de revocación de mandato, promovido por el ciudadano Víctor León Maldonado en contra de José Luis Abarca Velázquez. El diputado priista Omar Jalil Flores señaló que la Comisión Instructora procedió al análisis de pruebas que se entregaron para el juicio de revocación de mandato, y se encontró que Abarca incurrió en una omisión al no proteger a los estudiantes normalistas. “Las pruebas aportadas ponen de manifiesto que el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, en su carácter de máxima autoridad municipal y jefe de la administración pública, tiene a su mando al personal de seguridad pública y la obligación de mantener la paz y la tranquilidad pública, situación que no aconteció los días 26 y 27 de septiembre en Iguala”, dijo. El exalcalde, insistió, incurrió en una grave violación a los derechos humanos y no protegió a los estudiantes. La presidenta de la Comisión, Laura Arizmendi, sometió a votación la solicitud de juicio de revocación de mandato y los 39 diputados locales que asistieron a la sesión votaron a favor. Mencionó que luego de quedar fundado y procedente el juicio de revocación de mandato a José Luis Abarca como alcalde de Iguala, se le deberá separar del cargo y funciones. “Se revoca el mandato a José Luis Abarca Velázquez como presidente municipal de Iguala, por lo que se le separa del cargo y funciones”, subrayó.